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iisturitz

Hojeada

La vicepresidenta se refirió a las fotos donde aparece sin el tapabocas en una visita a Vaupés y entregó detalles sobre el nuevo proyecto anticorrupción del Gobierno.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que en sus reuniones ha cumplido los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y que, incluso, tiene un micrófono personal para hacer sus intervenciones, que es el único momento en que se retira el tapabocas.

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Marta Lucía Ramírez explicó algunos puntos de la cruzada gubernamental contra este flagelo.

En una clara señal a los corruptos, el Gobierno Nacional tiene previsto radicar un proyecto de ley en el Congreso esta semana para atacar sus bienes, uno de los principales ejes de estos delitos.

El anuncio lo hizo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien también le contó a EL TIEMPO cómo está pasando la cuarentena por su contagio de covid-19.

¿Cómo se siente luego de que fuera diagnosticada con coronavirus?
Estoy trabajando en el más estricto aislamiento, atendiendo las recomendaciones de los médicos, del Ministro de Salud. Me quedé sola, acá en la casa de la Vicepresidencia, con el servicio que atiende la casa, pero con bastante distancia física y ella con todas las medidas de bioprotección para que no haya el más mínimo riesgo de contagio. Estoy sin mi esposo y sin mi familia.

¿Y qué está haciendo?
Permanezco sentada trabajando en una mesa con papeles pendientes y proyectando temas que estoy trabajando para la población informal y vendedores ambulantes. Como ya estamos acostumbrados al Zoom y a reuniones digitales, cuando sea estrictamente necesario vamos a seguir con esta plataforma. Esto sabíamos que le puede pasar a cualquiera. Aquí realmente nos hemos cuidado muchísimo durante todos estos meses. Yo no tuve nunca aislamiento, estuve trabajando todos los días durante estos siete meses, igual como lo ha hecho el presidente Iván Duque, pero lo he hecho con cuidados, con pocas reuniones presenciales, muy poquitas personas en las mismas, tapabocas y con distancia de 2 metros. Desafortunadamente nos tocó, y cuando toca pues ya no puede uno hacer nada distinto que aceptar que somos seres humanos vulnerables, que tenemos que cuidarnos y evitar contagiar a otros.

¿Entonces usted está sola en la casa vicepresidencial?
Sí señor, aquí estoy sola.

Esa casa no es como muy grande y fría…
Sí, es grande. Pero yo acá tengo un rinconcito en el que ubiqué una mesa con todos los papeles y ahí trabajo. También está la ayuda de la casa y aquí estamos las dos, pero ha sido bonito ver a casi todo el equipo de trabajo pendiente y llamando a preguntar.

Permanezco sentada trabajando en una mesa con papeles pendientes y proyectando temas para la población informal y vendedores ambulantes

Ustedes radican este martes un proyecto integral anticorrupción, ¿quién lo elaboró?
Es el primer proyecto que se presenta desde la cabeza del Estado. Estamos el Presidente de la República, la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y todos los organismos de control, como son la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y está la Defensoría. Son 25 entidades del Estado que trabajamos en la elaboración de este proyecto. Está la Dian, la Uiaf y las distintas superintendencias.

¿En qué se enfoca la iniciativa?
Es un proyecto muy enfocado, sobre todo, en la transparencia, porque para nosotros la transparencia es prevención y lo que queremos es prevenir, cerrar cualquier espacio a los corruptos. Acá se hace mucho énfasis en la pedagogía por la transparencia y en la disuasión a los corruptos.

Vamos a crear un sistema de intercambio entre todas las entidades que permita el éxito de esta lucha sin cuartel contra los corruptos. Nosotros acá tuvimos en cuenta todas las experiencias que ha habido en Colombia, entre otras, en las distintas sentencias de la Corte Suprema y Constitucional en materia de corrupción, para cerrar todos esos vacíos y deficiencias de carácter normativo o de control y basados en esas sentencias llenarlos en esta ley, que se va a presentar con mensaje de urgencia al Congreso, por lo que esperamos que esté aprobada muy pronto.

¿Está establecido este proyecto de ley por ejes?
Este es un proyecto que tiene unos capítulos que son temas muy trascendentes para el futuro de nuestra sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con las medidas de protección de la identidad de las personas que presentan denuncias y la protección laboral a funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción. Esto es algo también inédito, porque nos hemos encontrado que desafortunadamente en Colombia las personas muchas veces se abstienen de denunciar por el temor a la retaliación y a las amenazas. Para nosotros es fundamental proteger la identidad de las personas que presentan las denuncias, es una condición que ya se está discutiendo y asimilando internacionalmente.

¿Qué otros temas contempla el proyecto?
Contempla la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Cuando realmente ha habido prácticas corporativas reiteradas, que se desarrollen con una sistematicidad, utilizando los órganos societarios, como lo que hemos visto en el caso de Odebrecht, entonces allí también hay esa responsabilidad de la persona jurídica beneficiaria del delito y no solo sus administradores.

¿El proyecto establece entonces la responsabilidad administrativa para las personas jurídicas?
Sí, claro. No sólo para los representantes legales, sino para la persona jurídica y sucursales de sociedades extranjeras. Esto va permitir que las superintendencias fortalezcan toda su ejercicio de vigilancia y control, pero también aplicar integralmente las diferentes sanciones que se derivan de actos de corrupción organizados deliberadamente desde la persona jurídica y se anotan en su registro mercantil.

¿Que más destaca de la iniciativa?
Un punto muy importante tiene que ver con fortalecer la extinción de dominio, porque ha sido deficiente. Y ha sido deficiente por los trámites, por las demoras, porque desafortunadamente no ha habido contundencia en quitarles todos los bienes a las personas condenadas por actos de corrupción. Esta ha sido una gran frustración para los colombianos porque los corruptos terminan pagando unos pocos años en la cárcel o peor aún, en la casa por cárcel, y salen a gastarse en las narices de todos los colombianos la plata que nos robaron. Por eso acordamos con el Presidente, con el Fiscal y con los organismos de control fortalecer este proceso, brindando mayores atribuciones al Fiscal General, que es quien administra los bienes a través del Fondo de Bienes de la Fiscalía. De esta manera se permite la enajenación temprana de los bienes de los corruptos sin ninguna autorización adicional como era antes y los titulares de los bienes se emplazan por un tiempo breve de solo 5 días hábiles.

¿Cómo se piensa agilizar la extinción de dominio?
Lo que se plantea básicamente es agilizar, en parte, la Ley 1708 de 2014 sobre extinción de dominio acortando los plazos del edicto de los bienes de condenados por corrupción, como acabo de señalar. El Estado debe ser contundente en quitarles todos sus bienes a los condenados por corrupción, hasta concurrencia de lo que se robaron al erario público.

¿En el proyecto de ley también se habla del beneficiario final, eso en qué consiste?
Este es otro capitulo que me encanta. Resulta que hemos visto en el pasado una gran cantidad de contratación con distintas razones sociales, distintos nombres de empresas, pero cuando se va a analizar, todas tienen un común denominador y es que el dueño mayoritario de cada una de ellas es el mismo o son los mismos accionistas a través de los entramados de empresas. Entonces se trata identificar quiénes son los beneficiarios finales de la corrupción, porque cuando queremos hablar de extinción de dominio y de sanciones que realmente sean efectivas, necesitamos conocer realmente a todas las personas que están involucradas y los beneficiarios reales, en lugar de tratar de aplicar la sanción a una empresa insolvente y con pocos bienes. Se trata de encontrar el dinero donde esté y quitárselo.

Usted mencionó el intercambio de información, ¿cómo se plantea que funcione?
Se va a montar un observatorio anticorrupción por parte de la Secretaría de Transparencia, el cual administrará, recolectará, interpretará y compartirá con los organismos de control, de manera permanente, toda la información relacionada con ciertas tipologías que permite más fácilmente identificar hechos de corrupción. Aquí la idea es, incluso, poder aplicar inteligencia artificial y tener en este observatorio la capacidad de que haya una reacción inmediata contra los corruptos. Esto, por ejemplo, para permitir identificar aumentos inesperados o desproporcionados en el patrimonio de los servidores públicos.

En materia de sanciones, ¿qué contempla el proyecto?
Aquí hay sanciones administrativas para que las aplique fundamentalmente el Procurador General y también las superintendencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas, puede imponer sanciones muy drásticas a las casas matrices y sus subordinadas . Estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta 200.000 salarios mínimos. Además estas empresas quedan sin la posibilidad de recibir ningún tipo de incentivo o subsidio y quedan con una inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.
En el proyecto se establece que se le pueden dar beneficios a la gente que colabore con información sobre corrupción, es casi como un principio de oportunidad y la persona que brinde toda la información que permita acabar con una red de corrupción, puede llegar a tener la exoneración de la sanción que le correspondería, siempre y cuando sea una información comprobada y que de verdad lleve a las cabezas y determinadores de los hechos de corrupción.

La cárcel no es suficiente condena para los corruptos. También hay que quitarles los bienes al corrupto hasta por el monto de lo que se ha robado para resarcir a la sociedad

En Colombia el sentir popular es que aquí los corruptos se roban la plata, pagan un año de casa por cárcel y nunca devuelven nada de lo que se han robado ¿este proyecto contempla algo en ese sentido?
Es precisamente por eso que fortalecimos todo el proceso para la extinción de dominio, por eso se levanta la reserva de información y de todos los bienes y dineros de las personas que sean condenadas por hechos de corrupción.

¿Se establece la repetición?
Claro, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hay una condena en contra de la Nación, el funcionario responsable del hecho de corrupción nunca asume la responsabilidad y esta queda en cabeza de la Nación.

También hay que tener en cuenta que se le dan facultades a la Contraloría General de la República para poder buscar, embargar y recuperar activos en el exterior de las personas que estén condenados por casos de corrupción. Con eso queremos evitar que se distraigan los bienes sacándolos a cuentas en el exterior.

¿Quedan menos de dos meses de sesiones en el Congreso, qué tanto futuro le ve al proyecto?
La verdad también parte de la tarea es esa. El Presidente y la Ministra del Interior han conversado con varias de las bancadas en el Congreso y aquí vamos a tener un apoyo muy importante de un grupo de congresistas. Aquí no podemos permitir el día de mañana que esto se enrede en el Congreso y por esa razón se ha hecho esta socialización con algunos congresistas para garantizar entonces ese trámite rápido en el Legislativo. Esperamos que tenga el primer debate este año y que con el mensaje de urgencia este proyecto esté convertido en ley el primer semestre del año entrante.

¿Podríamos decir que este es el gran estatuto anticorrupción?
Sí, pero con mucho énfasis en transparencia y prevención y se enriqueció mucho con el trabajo de 25 entidades coordinadas desde la Secretaría de Transparencia. Nosotros tenemos que lograr que esto se vuelva también un disuasivo para los corruptos, que también se den cuenta que cualquier daño derivado de los actos de corrupción realmente generará consecuencias de corto, mediano y largo plazo, de carácter penal, civil, económico y administrativo para él. Eso es muy importante.

¿Podríamos decir que el mensaje de este proyecto es que quien se robe algo del Estado primero lo tendrá que pagar y, además, cumplir una condena?
Exactamente. Aquí el tema es no vamos a permitir que se siga distrayendo la responsabilidad económica de devolver lo que se le ha robado al patrimonio público por cuenta de estar un tiempo en la cárcel.  La cárcel no es suficiente condena para los corruptos. También hay que quitarles los bienes hasta por el monto de lo que se ha robado para resarcir a la sociedad y lograr un disuasivo ejemplarizante. Sea quien sea se le deben perseguir sus bienes. Si tiene que quedarse sin nada para devolver todo lo que se robó por corrupción, que se quede sin nada, pero la cárcel no es suficiente condena.

¿Es decir, se acaba eso de pagar dos años de cárcel o casa por cárcel y no devolver nada de lo que se ha robado?
Totalmente. Lo que queremos es que tenga sanciones drásticas de verdad y saber que le van a perseguir la totalidad de los bienes. La totalidad de lo que se roba tiene que pagarlo. Nuestro gobierno esta decidido a pisar todos los callos necesarios, pero se acabó Disney World para los corruptos.

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COMUNICADO

OFICINA DE PRENSA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En el día de hoy la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez de Rincón, tenía previsto asistir a la Cumbre de Gobernadores en la ciudad de Manizales, por lo cual el día de ayer se realizó la prueba de rigor para COVID-19, cuyo resultado fue positivo.

La Vicepresidente no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo el aislamiento correspondiente.

Así mismo, en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud, se inició la aplicación de los protocolos establecidos para hacer el cerco epidemiológico.

La Vicepresidente reitera su llamado a que todos los colombianos sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad y podamos continuar con una reactivación segura.

Bogotá, 23 de octubre de 2020

¿Cuál de las siguientes áreas de trabajo consideras que es la más importante para alcanzar la equidad laboral en Colombia?

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El trabajo por el empoderamiento de la mujer es uno de los grandes pilares de mi gestión. Desde la Vicepresidencia de la República, estamos trabajando desde varios frentes para proteger a la niñas y mujeres de Colombia, al mismo tiempo que generamos más y mejores oportunidades económicas. Acá podrán encontrar algunos ejemplos como nuestro proyecto para las mujeres rurales.

Cartagena necesita mejor calidad de turismo”, señala The Economist. La publicación menciona el estudio encargado por la Unesco que advierte la amenaza a la preservación del centro histórico por cuenta del turismo intensivo. La Heroica ve en la pandemia una oportunidad para protegerse de ese riesgo, evolucionando y organizando su oferta como destino turístico mundial.

“Cartagena merece una bahía limpia”, dice el Consejo de Estado mediante fallo proferido hace unos días. A esas consignas agregamos “los cartageneros merecen una ciudad que les garantice calidad de vida”. El Canal del Dique será estratégico para lograr los tres propósitos.

La sostenibilidad ambiental es apremiante, y en este sentido, el Canal del Dique cobra especial relevancia para el país y zonas costeras como la Bahía de Cartagena. Ad portas de prender motores y tras años de dilaciones y compromisos incumplidos, hemos honrado nuestra palabra con el Caribe colombiano alistando el andamiaje jurídico y presupuestal para adjudicar esta obra en el primer semestre de 2021.

Al no existir compuertas que controlen el flujo de agua del Canal, la corriente arrastra diferentes problemas a Cartagena. Primero, descarga de agua dulce y barro en la bahía, afectando el balance de ecosistemas cercanos. Esto deriva en contaminación que afecta la diversidad de fauna y flora, circunstancia que le resta atractivo al turismo de mar en la ciudad.

Segundo, mar y agua salada entran al canal que conduce a las ciénagas de donde se surte de agua el acueducto de la Heroica. Ello repercute negativamente en la competitividad turística de la ciudad ya que dificulta la posibilidad de ofrecer agua limpia a sus visitantes. Pero más grave aún: amenaza a los cartageneros que podrían no contar con agua dulce en sus casas en un futuro cercano.

Tercero, la sedimentación que entra diariamente a la bahía hace que su puerto pierda competitividad con el tiempo, al disminuir la profundidad del agua, obligando a restringir el paso a barcos más pequeños. Este escenario impacta socialmente a la ciudad, ya que 1.000 empleos directos y 10.000 indirectos, dependen de la actividad portuaria.

Tampoco es un secreto que, en la actualidad, Cartagena enfrenta preocupante contaminación de su bahía debido a vertimientos indiscriminados de algunos buques, que incluso llevaron al mencionado fallo judicial.

Si bien es importante el compromiso de toda la sociedad para mantener a salvo el capital ecológico, tenemos la certeza de que la megaobra a punto de arrancar, cortará de raíz el problema de la sedimentación y le ahorrará dolores de cabeza a una comunidad que ha sufrido no sólo los embates de las inundaciones, sino también el deterioro de su patrimonio ambiental.

El Canal del Dique será clave para evitar la llegada al mar de sedimentos del Río Magdalena, que afectan el banco de corales del parque natural Islas del Rosario y el Archipiélago de San Bernardo. Su construcción les cambiará la cara a los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico y traerá el anhelado desarrollo transversal a la región y a 20 municipios ribereños.

Cartagena necesita más turismo, pero como lo ha dicho la administración del alcalde Dau, sostenible, no depredador. Esta joya, como bien la describe The Economist, exige servicio de acueducto de calidad para sus habitantes y turistas, si proyecta seguir siendo centro de comercio y turismo con los grandes mercados internacionales. Nuestro compromiso es que el Canal del Dique aporte a esas necesidades, devolviéndole potencial económico a una de las ciudades más bellas del país y del Caribe.

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La vicepresidenta dice que desde el principio de este Gobierno “hemos robustecido la lucha contra la corrupción”. Enumera lo que ha hecho para cumplir con la transparencia. Columna de opinión.

Desde el inicio de este Gobierno, hemos robustecido la lucha contra la corrupción, con un trabajo integral que involucra avances normativos y estrategias encaminadas a hacer más transparente la gestión pública y privada, así como a incentivar la denuncia ciudadana sobre anomalías en el manejo de los recursos del Estado.

En conjunto con la Secretaría de Transparencia, hemos impulsado diversas iniciativas, para frenar los actos de corrupción e implantar una cultura de la legalidad e integridad.

Con la Ley 2014 de 2019, cumplimos lo prometido en campaña: no más casa por cárcel para quienes cometan delitos que afecten el patrimonio público. También se ampliaron las inhabilidades para contratar con el Estado, cuando se trate de grupos empresariales de personas condenadas por corrupción.

Igual sucedió con nuestro compromiso hoy contenido en la Ley 2013 de 2019, que obliga a todos los altos funcionarios a publicar su declaración de bienes y rentas, así como registrar sus conflictos de intereses. Esta norma busca aumentar la transparencia de los servidores públicos y proveer información a la ciudadanía. Al 30 de junio de este año, 95.869 funcionarios elegidos por voto popular, incluido el Presidente de la República; así como magistrados, jefes de organismos de control, ministros y gerentes públicos, habíamos cumplido con la publicación de dichos documentos.

Otro golpe contundente contra el despilfarro de los recursos públicos fue la sanción de la Ley 2022 de 2020, que implementa los Pliegos Tipo para toda la contratación del Estado. De esta manera, pusimos fin a los llamados pliegos sastre, hechos a la medida de un contratista. Esta figura comenzó con las obras de infraestructura de transporte, y ya muestra resultados tangibles: antes de su entrada en vigencia, el 85% de los contratos tenían un solo oferente. Hoy, según datos de Colombia Compra Eficiente, las entidades que aplican los Pliegos Tipo obtienen un promedio de 35 oferentes por cada contrato.

Nuestra agenda anticorrupción también involucra a los ciudadanos. Con la Secretaría de Transparencia, pusimos en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, una herramienta para que la ciudadanía cuente, en cada, entidad con un oficial competente para recibir quejas o informes relacionados con corrupción.

Además, concretamos soluciones para sacar del limbo obras paralizadas. Con la Ley de Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas se crean los mecanismos para culminarlas o demolerlas, si ponen en riesgo a los ciudadanos.

En el ámbito territorial, desde las 32 Comisiones Regionales de Moralización, se trabaja en prevención de la corrupción en proyectos que involucran recursos públicos por cerca de $2.5 billones de pesos.

Para seguir avanzando, en las próximas semanas, presentaremos un proyecto de ley integral de lucha contra la corrupción, unificando todas las propuestas evaluadas durante las sesiones de la Comisión Nacional de Moralización, con el propósito de construir una iniciativa integral que permita enfrentar este fenómeno de manera preventiva, conociendo los beneficiarios de los actos de corrupción y reforzando las herramientas que tienen las entidades para atacar a los corruptos.

Desde el Gobierno, seguiremos cumpliendo, con firmeza, el compromiso de cortar de raíz uno de los mayores males de Colombia: la corrupción, que ha permeado todas las instancias de la sociedad y ha truncado los anhelos de desarrollo de las regiones del país. Nuestra meta indeclinable es consolidar la transparencia, integridad y legalidad para lograr una Colombia equitativa, en la que todos los sectores tengan garantizados sus derechos, gracias al uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

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Comparto mi artículo de opinión publicado hoy en La República

En el mismo momento en que conmemoramos la Independencia, recordando nuestra historia y rememorando nuestras luchas, celebramos el primer aniversario de una exitosa iniciativa de articulación público-privada: los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo.

Cuando formulamos los pactos buscamos potenciar productividad, competitividad y generación de empleo en 22 sectores claves de la economía. Actividades en las que equidad, legalidad y emprendimiento se concretan en beneficios para millones de colombianos que disfrutan de sus productos y servicios, y en bienestar para millones de trabajadores que derivan su sustento para ellos y sus familias.

Puedes consultar el artículo completo aquí