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iisturitz

Hojeada

El megaproyecto del canal del Dique está en la memoria colectiva de los cartageneros desde hace muchos años, como una promesa incumplida que con el paso de los meses asfixia a la bahía de Cartagena y pone en riesgo su navegabilidad. Este escenario es el que quiere cambiar el actual gobierno y dejar en marcha una de las obras más importantes en el territorio nacional. 

De acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, para lograr este objetivo de desarrollo los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre realizaron un aporte de recursos mediante vigencias futuras y regalías, que rondan los $700 mil millones, y se suman a los $1,56 billones de la Nación, haciendo posible que en menos de un año se materialice la adjudicación. “Desde el inicio del gobierno le plantee al presidente Iván Duque la importancia que tiene el Dique por dos condiciones: sostenibilidad y transporte. Este es un proyecto muy importante que va a conectarse con la APP del río Magdalena y que va a servir de manera definitiva para acabar la sedimentación de la bahía”, afirmó la vicepresidenta al realizar un recorrido por el canal, en medio del retorno a sus actividades presenciales tras superar la COVID-19.

Agregó que el Gobierno nacional tenía un cronograma mucho más ambicioso y esperaba hacer el cierre de la licitación entre octubre y noviembre de este año, hecho que, evidentemente, no ocurrió por la pandemia, pero además por los múltiples procesos de consultas previas que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

¿En qué fase va el proyecto?

Según explicó el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, actualmente se está cerrando la última fase de la estructuración que corresponde a las consultas previas, y, aunque todo marcha bien, recientemente se conoció la decisión de un juez que podría representar una traba en el proceso.

“Nos sumaron siete consultas adicionales como consecuencia de una tutela promulgada por un juez, pero tenemos serios reparos frente al procedimiento que se adelantó por cuanto el trámite no fue debidamente notificado, ni a nosotros ni a las otras entidades públicas, y en ese sentido solicitamos la nulidad de la actuación judicial que se ha adoptado hasta el momento”.

Conforme a lo expresado por Gutiérrez, en caso de que no se acepte la nulidad de la orden del juez, esta tendría un efecto “bien complejo” y representaría más retrasos en el calendario, pues de las 14 consultas previas ordenadas inicialmente ya llevan 12 prácticamente terminadas.

Al respecto, la vicepresidenta indicó que entiende a las comunidades, “pero lo que queremos es llamar la atención de cuánto beneficio va a traer esto para los municipios ribereños al canal”.

¿Qué falta?

Una vez se cierren los procesos de consulta, previstos para diciembre, el proyecto entrará en fase de aprobación ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, y con posterioridad se abriría la licitación.

De acuerdo con el presidente de la ANI, en el primer trimestre del próximo año la licitación debe estar abierta y “la adjudicación se daría entre el segundo y tercer trimestre”.

“Este proyecto resulta de gran importancia para la región y el país. Estamos hablando de una inversión cercana a los $2 billones solamente en obras”, resaltó Gutiérrez.

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Fortalecer medidas ya existentes en el país contra la corrupción, como la responsabilidad de las empresas y la extinción de dominio, y brindar más garantías para que se denuncie a los autores de esas acciones, son prioridades del proyecto de ley que el Gobierno de Iván Duque radicó hace algunos días ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia.

Al frente de esa iniciativa, que ya está a la espera de que se le nombren los respectivos ponentes, está la vicepresidenta Marta Lucía Ramíez, quien confía en que oficialismo y oposición la apoyen.

“Estoy convencida de que esta debe ser la prioridad de la sociedad colombiana y también de que todos los congresistas lo acogerán, esto no puede tener color político, ellos saben que tenemos que quitarle el Estado de las manos a los corruptos”, sostiene la funcionaria, ya recuperada del Covid-19.

¿Qué diferencia este proyecto de la Consulta Anticorrupción votada hace dos años?

Hay varias diferencias: forma y de fondo. Acá está todo el Estado comprometido en sacar adelante esto como una ley, acá no caben protagonismos ni los manejos individuales de un tema tan delicado para el país. Por eso, el Presidente de la República ejerció un gran liderazgo con la Comisión Nacional de Moralización para que estuvieran 25 entidades.

Entre ellas, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría de Transparencia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, el Presidente del Consejo de Estado, las superintendencias, la Dian, la Unidad para evitar el lavado de activos. Esto es una diferencia de forma muy importante, porque va a evitar que en el mañana estén poniendo zancadillas, como ha sucedido en el pasado e incluso en el propio Estado.

El proyecto tiene varios capítulos y uno de ellos es la protección a los testigos que denuncien los hechos de corrupción. ¿De qué trata?

Lo que se busca es darle total protección, no solo sobre su persona sino sobre su puesto, hay gente que no denuncia por miedo a que tomen retaliaciones contra ellos. En esto hay una diferencia enorme con la Consulta. La ley da esa garantía a la persona que denuncia, si es empleado público, que no lo van a despedir, que no lo van a trasladar o terminar su contrato con pretextos de que ya no lo necesitan, que es lo que se ha visto en el pasado. Muy importante es que cuando se presente la denuncia no se dará a conocer quién fue la persona que la presentó, solo se dará en el desarrollo del proceso.

¿Qué alcance le dan al capítulo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas?

Lo esencial en la lucha internacional contra la corrupción se basa en que las personas jurídicas tengan responsabilidad. Si bien es cierto que no se puede meter a la persona jurídica a la cárcel, también es cierto que tan pronto hay una medida de carácter penal, un proceso penal o un principio de oportunidad contra alguno de los funcionarios de esa persona jurídica que fueron los determinadores del hecho de corrupción, inmediatamente las superintendencias respectivas podrán iniciar las investigaciones para identificar al interior de la empresa quiénes más tenían conocimiento y qué tanto los órganos propietarios se estaban prestando para los hechos corruptos.

¿Pero habrá sanciones económicas?

La ley también busca poner castigos a las personas jurídicas que consisten, por ejemplo, en multas de 200.000 salarios mínimos e incluso se les puede cancelar la personería jurídica de esa sociedad, se les prohíbe que puedan contratar con el Estado, porque esta es una manera de sanción muy efectiva. Hemos visto la desfachatez de algunas personas que han estado involucradas en hechos de corrupción y después pretenden seguir contratando con el Estado. También se prohibe que reciban algún tipo de subsidio o de ayuda a esa persona jurídica, como por ejemplo el Paef, como se está haciendo hoy.

El país parece estar perdiendo la lucha para lograr la extinción de dominio sobre los corruptos, ¿qué contempla el proyecto al respecto?

No es que el país esté perdiendo la lucha, lo que pasa es que buscamos mejorar el procedimiento para hacer la extinción. La Ley 1615 de 2013 ya prevé la extinción de dominio, pero desafortunadamente no siempre ha funcionado de forma eficaz. Aquí lo que se está haciendo es permitir que todos los bienes del patrimonio de las personas condenadas por corrupción tienen que ingresar a un fondo para la administración de esos bienes que lleva la Fiscalía, de tal manera que con los mismos se pueda resarcir a la sociedad por los perjuicios derivados de ese hecho de corrupción.

Lo que se hace es agilizar la toma de medidas de precaución, que eviten que esa persona o esa sociedad disponga de esos bienes para evitar que con ellos se responda económicamente por el daño causado por el hecho de corrupción. Sabemos que no es suficiente la sanción penal.

La iniciativa se mete también con los políticos, al pretender hacer más estricto el mecanismo de selección de los personeros…

Ese tema es importante, porque lo que necesitamos es la mayor transparencia en todo lo que tiene que ver con la nominación y elección de los cargos de elección popular y de estos que tienen una responsabilidad tan grande como los personeros, entonces lo que se establece es que el concurso de méritos sea mucho más estricto, se deben hacer no solo pruebas de conocimiento sino también seguimiento a la trayectoria de la persona, y se hace una ponderación de valor a cada uno de esos elementos que se evalúan para encontrar el que tenga el mejor conocimiento. No es posible que lleguen a los cargos a aprender todo en el ejercicio del cargo.

¿No están presentando el proyecto muy tarde?, pues faltan menos de dos meses para cerrar las sesiones del Congreso

Este proyecto va con mensaje de urgencia. La verdad es que ha tenido dificultades. En este tema de la corrupción hay veces que se han tenido más protagonismo y vanidades que verdadera decisión de hacer las cosas. Por eso, la orden del presidente Duque fue tomar el toro por los cuernos y en las reuniones de la Comisión Nacional de Moralización nos pidió que no podemos dejar que cada uno esté por su lado haciendo el mejor esfuerzo sino que debemos estar muy unidos. Tengo la más absoluta certeza de que el Congreso, ya lo hemos hablado con varios miembros de las bancadas, lo acogerá de manera unánime.

Pero la oposición está muy fuerte en el Congreso…

Estoy convencida de que esta debe ser la prioridad de la sociedad colombiana y también de que todos los congresistas lo acogerán, esto no puede tener color político, ellos saben que tenemos que quitarle el Estado de las manos a los corruptos. Hay un montón de mafias que se han apropiado de los recursos públicos. Además, estamos abiertos a hacerle todas las mejoras.

A propósito, ¿cómo le ha ido con la oposición que le han hecho desde otras orillas políticas?

Es una oposición que en algunos actores que el país los tiene muy bien identificados, han hecho una oposición más de odio que de argumentos, más que una oposición de opciones y alternativas a cualquier tipo de política pública. Ha sido una oposición de odio, pendiente de lograr el fracaso del Gobierno y esa es una manera realmente dañina de pretender tener un liderazgo, es un liderazgo perverso. Creo que todos los colombianos debemos apostar al éxito del presidente Iván Duque, porque el éxito del Gobierno es el éxito de Colombia. Yo he sido una persona de oposición, pero siempre hice una oposición con argumentos, con lealtad; la lealtad es una condición del buen trabajo político. Los colombianos somos conscientes de quiénes son los que generan odios contra el Gobierno.

¿Confía en que se pueda avanzar en la reactivación económica este año y cómo el comportamiento de ese sector para el 2022?

El propio Ministro de Hacienda ha dicho que vamos a tener una caída en el PIB que puede estar entre 5 % y 7 %, pero en el Gobierno hemos estado trabajando desde mayo para reactivar la economía, le dimos prioridad a la infraestructura y la construcción de vivienda, porque son ampliamente jalonadores de empleo no calificado, los sectores sociales, los más vulnerables, dependen del empleo no calificado. Estamos viendo hoy que hay 485 proyectos muy robustos que van a significar inversiones por 161 billones de pesos y se van a desarrollar en lo que queda del Gobierno, muchos en el sector de la agricultura, la agroindustria, la manufactura, proyectos para la energías limpias.

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El Gobierno colombiano presentó este jueves un paquete de medidas para incentivar la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas y contratación estatal.

De acuerdo con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, no es debido que las compras estatales sean asignadas “a dedo”.

“La Agencia Colombia Compra Eficiente tiene que comprar a las empresas proveedoras en las mejores condiciones para el Estado y queremos que estas empresas de mujeres sean las mejores y por eso es tan importante toda esta política de desarrollo de proveedores”, señaló la vicepresidenta. 

El paquete incluirá incentivos en los procesos de selección hasta del 3% en la cadena de valor de la contratación estatal, para las empresas que tengan como prioridad la igualdad de género

Y resaltó que “hay que poner a competir a las empresas, garantizando que las compras estatales se hagan a las mejores y más eficientes, con las mejores calidades, el mejor balance calidad-precio”.

En esta política de compras estatales habrá un espacio enorme para el desarrollo de las empresas de las mujeres colombianas y con transparencia”, agregó Ramírez. 

El proyecto también contempla un porcentaje adicional para mujeres que sean cabeza de familia y la habilitación para que las entidades estatales puedan exigir la vinculación de un porcentaje mínimo de ellas en la ejecución de sus contratos.

“Estas medidas beneficiarán sustancialmente la empleabilidad de las mujeres colombianas, porque estamos hablando de un mercado que asciende a la suma de $150 billones por año y que constituye el 15% del PIB de Colombia”, explicó José Andrés O´Meara, director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente .

De igual manera, el paquete de estímulos establece nuevas cláusulas de contratación de las entidades como la modificación de documentos tipo de infraestructura de transporte.

Lo anterior incluye la estructuración de los acuerdos marco de precios que la Agencia Nacional de Contratación Pública diseñó para el 2020, dentro de lo que “se estableció en los respectivos pliegos de condiciones, como requisito de calificación de las propuestas, la incorporación de mujeres y que sean cabeza de familia”.

La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, destacó que “invertir en empresas de mujeres es una acción moralmente fundamental e inteligente porque contribuye a la economía nacional y genera millones de oportunidades de empleo de calidad y no es un gasto del Estado si no una inversión para lograr el desarrollo humano”.

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La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habla sobre la iniciativa que presentó en el Congreso para combatir las acciones en detrimento de los recursos públicos. Incluye medidas de protección a denunciantes.

La convicción de nuestro gobierno de impedir que los corruptos se sigan robando la plata de los colombianos, se materializa con el Proyecto de Ley 341 de 2020 que presentamos al Congreso de la República con el objetivo de cerrar todos los caminos a quienes pretendan usurpar los recursos públicos, eliminando esos vacíos institucionales que en el pasado permitieron el asalto y el desangre del erario.

La iniciativa, Proyecto Integral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, es fruto del trabajo de una verdadera alianza anticorrupción conformada por 25 entidades del Estado, que, desde la Comisión Nacional de Moralización, liderada por el presidente Iván Duque, logramos priorizar 91 artículos que abarcan 12 grandes temas esenciales para la superioridad del Estado.

El Proyecto de Ley incluye la creación de medidas de protección a denunciantes, el fortalecimiento de mecanismos para descubrir a beneficiarios finales de hechos de corrupción, además, fortalece la integridad tanto en jóvenes como en entidades públicas y privadas; todo ello, de enorme trascendencia para cumplir el propósito y quitarles a los corruptos toda opción de robo al dinero de los colombianos.

La coordinación entre las entidades del Estado son premisas fundamentales para propinar golpes contundentes en contra de la corrupción. Por ello, respetando la autonomía, se dispone de varios mecanismos que refuerzan la cooperación, se crea un centro de información y reacción inmediata, se fortalece la Comisión Nacional de Moralización y se profundizan los intercambios de información.

Tendremos, no solo, más prevención, sino también mayor castigo a los corruptos. Atacaremos la impunidad de las empresas propensas a valerse de la corrupción, pues implementaremos la corresponsabilidad de las personas jurídicas por los actos cometidos por sus representantes. También, se implementarán esquemas de prevención y sistemas de riesgos de corrupción tanto públicos como privados.

Cada vez será más fuerte el impacto y duras las consecuencias para quienes cometan delitos contra el erario público. El proyecto de ley contempla modificaciones en la figura de la extinción de dominio, que agiliza la venta temprana de bienes incautados que estén en administración de la Fiscalía.

A su vez, se introduce la figura de reparación por los actos de corrupción. Hasta hoy, los ciudadanos afectados por la corrupción eran invisibles y el daño cometido a la sociedad no era resarcido. El proyecto tiene como objetivo reparar los derechos colectivos violados y que el corrupto se obligue a garantizar la indemnización adecuada.

Asimismo, es necesario actualizar la acción de repetición, esta institución procesal permite la recuperación de los dineros públicos cuando el daño reparado por el Estado fue causado por culpa del funcionario público.

También promoveremos un capítulo que nos permita descubrir quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, esas personas naturales que controlan, poseen y manejan las estructuras societarias y resultan invisibles para las entidades de control y seguir el trazo de los dineros de lavado de activos o de la corrupción.

Con la ejecución de las reformas planteadas en este proyecto de ley, vamos a reformar en gran medida la institucionalidad y pondremos los focos a esas zonas oscuras donde se esconden los corruptos. A su vez, cumplimos con el propósito de nuestro Gobierno, con los temas resaltados en la Conversación Nacional y, tendremos una ciudadanía fortalecida, con funcionarios sin temor a denunciar y un país con cultura de legalidad.

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La vicepresidenta se refirió a las fotos donde aparece sin el tapabocas en una visita a Vaupés y entregó detalles sobre el nuevo proyecto anticorrupción del Gobierno.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que en sus reuniones ha cumplido los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y que, incluso, tiene un micrófono personal para hacer sus intervenciones, que es el único momento en que se retira el tapabocas.

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Marta Lucía Ramírez explicó algunos puntos de la cruzada gubernamental contra este flagelo.

En una clara señal a los corruptos, el Gobierno Nacional tiene previsto radicar un proyecto de ley en el Congreso esta semana para atacar sus bienes, uno de los principales ejes de estos delitos.

El anuncio lo hizo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien también le contó a EL TIEMPO cómo está pasando la cuarentena por su contagio de covid-19.

¿Cómo se siente luego de que fuera diagnosticada con coronavirus?
Estoy trabajando en el más estricto aislamiento, atendiendo las recomendaciones de los médicos, del Ministro de Salud. Me quedé sola, acá en la casa de la Vicepresidencia, con el servicio que atiende la casa, pero con bastante distancia física y ella con todas las medidas de bioprotección para que no haya el más mínimo riesgo de contagio. Estoy sin mi esposo y sin mi familia.

¿Y qué está haciendo?
Permanezco sentada trabajando en una mesa con papeles pendientes y proyectando temas que estoy trabajando para la población informal y vendedores ambulantes. Como ya estamos acostumbrados al Zoom y a reuniones digitales, cuando sea estrictamente necesario vamos a seguir con esta plataforma. Esto sabíamos que le puede pasar a cualquiera. Aquí realmente nos hemos cuidado muchísimo durante todos estos meses. Yo no tuve nunca aislamiento, estuve trabajando todos los días durante estos siete meses, igual como lo ha hecho el presidente Iván Duque, pero lo he hecho con cuidados, con pocas reuniones presenciales, muy poquitas personas en las mismas, tapabocas y con distancia de 2 metros. Desafortunadamente nos tocó, y cuando toca pues ya no puede uno hacer nada distinto que aceptar que somos seres humanos vulnerables, que tenemos que cuidarnos y evitar contagiar a otros.

¿Entonces usted está sola en la casa vicepresidencial?
Sí señor, aquí estoy sola.

Esa casa no es como muy grande y fría…
Sí, es grande. Pero yo acá tengo un rinconcito en el que ubiqué una mesa con todos los papeles y ahí trabajo. También está la ayuda de la casa y aquí estamos las dos, pero ha sido bonito ver a casi todo el equipo de trabajo pendiente y llamando a preguntar.

Permanezco sentada trabajando en una mesa con papeles pendientes y proyectando temas para la población informal y vendedores ambulantes

Ustedes radican este martes un proyecto integral anticorrupción, ¿quién lo elaboró?
Es el primer proyecto que se presenta desde la cabeza del Estado. Estamos el Presidente de la República, la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y todos los organismos de control, como son la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y está la Defensoría. Son 25 entidades del Estado que trabajamos en la elaboración de este proyecto. Está la Dian, la Uiaf y las distintas superintendencias.

¿En qué se enfoca la iniciativa?
Es un proyecto muy enfocado, sobre todo, en la transparencia, porque para nosotros la transparencia es prevención y lo que queremos es prevenir, cerrar cualquier espacio a los corruptos. Acá se hace mucho énfasis en la pedagogía por la transparencia y en la disuasión a los corruptos.

Vamos a crear un sistema de intercambio entre todas las entidades que permita el éxito de esta lucha sin cuartel contra los corruptos. Nosotros acá tuvimos en cuenta todas las experiencias que ha habido en Colombia, entre otras, en las distintas sentencias de la Corte Suprema y Constitucional en materia de corrupción, para cerrar todos esos vacíos y deficiencias de carácter normativo o de control y basados en esas sentencias llenarlos en esta ley, que se va a presentar con mensaje de urgencia al Congreso, por lo que esperamos que esté aprobada muy pronto.

¿Está establecido este proyecto de ley por ejes?
Este es un proyecto que tiene unos capítulos que son temas muy trascendentes para el futuro de nuestra sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con las medidas de protección de la identidad de las personas que presentan denuncias y la protección laboral a funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción. Esto es algo también inédito, porque nos hemos encontrado que desafortunadamente en Colombia las personas muchas veces se abstienen de denunciar por el temor a la retaliación y a las amenazas. Para nosotros es fundamental proteger la identidad de las personas que presentan las denuncias, es una condición que ya se está discutiendo y asimilando internacionalmente.

¿Qué otros temas contempla el proyecto?
Contempla la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Cuando realmente ha habido prácticas corporativas reiteradas, que se desarrollen con una sistematicidad, utilizando los órganos societarios, como lo que hemos visto en el caso de Odebrecht, entonces allí también hay esa responsabilidad de la persona jurídica beneficiaria del delito y no solo sus administradores.

¿El proyecto establece entonces la responsabilidad administrativa para las personas jurídicas?
Sí, claro. No sólo para los representantes legales, sino para la persona jurídica y sucursales de sociedades extranjeras. Esto va permitir que las superintendencias fortalezcan toda su ejercicio de vigilancia y control, pero también aplicar integralmente las diferentes sanciones que se derivan de actos de corrupción organizados deliberadamente desde la persona jurídica y se anotan en su registro mercantil.

¿Que más destaca de la iniciativa?
Un punto muy importante tiene que ver con fortalecer la extinción de dominio, porque ha sido deficiente. Y ha sido deficiente por los trámites, por las demoras, porque desafortunadamente no ha habido contundencia en quitarles todos los bienes a las personas condenadas por actos de corrupción. Esta ha sido una gran frustración para los colombianos porque los corruptos terminan pagando unos pocos años en la cárcel o peor aún, en la casa por cárcel, y salen a gastarse en las narices de todos los colombianos la plata que nos robaron. Por eso acordamos con el Presidente, con el Fiscal y con los organismos de control fortalecer este proceso, brindando mayores atribuciones al Fiscal General, que es quien administra los bienes a través del Fondo de Bienes de la Fiscalía. De esta manera se permite la enajenación temprana de los bienes de los corruptos sin ninguna autorización adicional como era antes y los titulares de los bienes se emplazan por un tiempo breve de solo 5 días hábiles.

¿Cómo se piensa agilizar la extinción de dominio?
Lo que se plantea básicamente es agilizar, en parte, la Ley 1708 de 2014 sobre extinción de dominio acortando los plazos del edicto de los bienes de condenados por corrupción, como acabo de señalar. El Estado debe ser contundente en quitarles todos sus bienes a los condenados por corrupción, hasta concurrencia de lo que se robaron al erario público.

¿En el proyecto de ley también se habla del beneficiario final, eso en qué consiste?
Este es otro capitulo que me encanta. Resulta que hemos visto en el pasado una gran cantidad de contratación con distintas razones sociales, distintos nombres de empresas, pero cuando se va a analizar, todas tienen un común denominador y es que el dueño mayoritario de cada una de ellas es el mismo o son los mismos accionistas a través de los entramados de empresas. Entonces se trata identificar quiénes son los beneficiarios finales de la corrupción, porque cuando queremos hablar de extinción de dominio y de sanciones que realmente sean efectivas, necesitamos conocer realmente a todas las personas que están involucradas y los beneficiarios reales, en lugar de tratar de aplicar la sanción a una empresa insolvente y con pocos bienes. Se trata de encontrar el dinero donde esté y quitárselo.

Usted mencionó el intercambio de información, ¿cómo se plantea que funcione?
Se va a montar un observatorio anticorrupción por parte de la Secretaría de Transparencia, el cual administrará, recolectará, interpretará y compartirá con los organismos de control, de manera permanente, toda la información relacionada con ciertas tipologías que permite más fácilmente identificar hechos de corrupción. Aquí la idea es, incluso, poder aplicar inteligencia artificial y tener en este observatorio la capacidad de que haya una reacción inmediata contra los corruptos. Esto, por ejemplo, para permitir identificar aumentos inesperados o desproporcionados en el patrimonio de los servidores públicos.

En materia de sanciones, ¿qué contempla el proyecto?
Aquí hay sanciones administrativas para que las aplique fundamentalmente el Procurador General y también las superintendencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas, puede imponer sanciones muy drásticas a las casas matrices y sus subordinadas . Estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta 200.000 salarios mínimos. Además estas empresas quedan sin la posibilidad de recibir ningún tipo de incentivo o subsidio y quedan con una inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.
En el proyecto se establece que se le pueden dar beneficios a la gente que colabore con información sobre corrupción, es casi como un principio de oportunidad y la persona que brinde toda la información que permita acabar con una red de corrupción, puede llegar a tener la exoneración de la sanción que le correspondería, siempre y cuando sea una información comprobada y que de verdad lleve a las cabezas y determinadores de los hechos de corrupción.

La cárcel no es suficiente condena para los corruptos. También hay que quitarles los bienes al corrupto hasta por el monto de lo que se ha robado para resarcir a la sociedad

En Colombia el sentir popular es que aquí los corruptos se roban la plata, pagan un año de casa por cárcel y nunca devuelven nada de lo que se han robado ¿este proyecto contempla algo en ese sentido?
Es precisamente por eso que fortalecimos todo el proceso para la extinción de dominio, por eso se levanta la reserva de información y de todos los bienes y dineros de las personas que sean condenadas por hechos de corrupción.

¿Se establece la repetición?
Claro, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hay una condena en contra de la Nación, el funcionario responsable del hecho de corrupción nunca asume la responsabilidad y esta queda en cabeza de la Nación.

También hay que tener en cuenta que se le dan facultades a la Contraloría General de la República para poder buscar, embargar y recuperar activos en el exterior de las personas que estén condenados por casos de corrupción. Con eso queremos evitar que se distraigan los bienes sacándolos a cuentas en el exterior.

¿Quedan menos de dos meses de sesiones en el Congreso, qué tanto futuro le ve al proyecto?
La verdad también parte de la tarea es esa. El Presidente y la Ministra del Interior han conversado con varias de las bancadas en el Congreso y aquí vamos a tener un apoyo muy importante de un grupo de congresistas. Aquí no podemos permitir el día de mañana que esto se enrede en el Congreso y por esa razón se ha hecho esta socialización con algunos congresistas para garantizar entonces ese trámite rápido en el Legislativo. Esperamos que tenga el primer debate este año y que con el mensaje de urgencia este proyecto esté convertido en ley el primer semestre del año entrante.

¿Podríamos decir que este es el gran estatuto anticorrupción?
Sí, pero con mucho énfasis en transparencia y prevención y se enriqueció mucho con el trabajo de 25 entidades coordinadas desde la Secretaría de Transparencia. Nosotros tenemos que lograr que esto se vuelva también un disuasivo para los corruptos, que también se den cuenta que cualquier daño derivado de los actos de corrupción realmente generará consecuencias de corto, mediano y largo plazo, de carácter penal, civil, económico y administrativo para él. Eso es muy importante.

¿Podríamos decir que el mensaje de este proyecto es que quien se robe algo del Estado primero lo tendrá que pagar y, además, cumplir una condena?
Exactamente. Aquí el tema es no vamos a permitir que se siga distrayendo la responsabilidad económica de devolver lo que se le ha robado al patrimonio público por cuenta de estar un tiempo en la cárcel.  La cárcel no es suficiente condena para los corruptos. También hay que quitarles los bienes hasta por el monto de lo que se ha robado para resarcir a la sociedad y lograr un disuasivo ejemplarizante. Sea quien sea se le deben perseguir sus bienes. Si tiene que quedarse sin nada para devolver todo lo que se robó por corrupción, que se quede sin nada, pero la cárcel no es suficiente condena.

¿Es decir, se acaba eso de pagar dos años de cárcel o casa por cárcel y no devolver nada de lo que se ha robado?
Totalmente. Lo que queremos es que tenga sanciones drásticas de verdad y saber que le van a perseguir la totalidad de los bienes. La totalidad de lo que se roba tiene que pagarlo. Nuestro gobierno esta decidido a pisar todos los callos necesarios, pero se acabó Disney World para los corruptos.

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COMUNICADO

OFICINA DE PRENSA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En el día de hoy la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez de Rincón, tenía previsto asistir a la Cumbre de Gobernadores en la ciudad de Manizales, por lo cual el día de ayer se realizó la prueba de rigor para COVID-19, cuyo resultado fue positivo.

La Vicepresidente no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo el aislamiento correspondiente.

Así mismo, en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud, se inició la aplicación de los protocolos establecidos para hacer el cerco epidemiológico.

La Vicepresidente reitera su llamado a que todos los colombianos sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad y podamos continuar con una reactivación segura.

Bogotá, 23 de octubre de 2020

¿Cuál de las siguientes áreas de trabajo consideras que es la más importante para alcanzar la equidad laboral en Colombia?

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