La defensa de Colombia ha sido con el objetivo de defender nuestros intereses en el Mar Caribe
Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de la República
El próximo 21 de abril la Corte Internacional de Justicia dará lectura al fallo de fondo en el marco de la demanda de Nicaragua contra Colombia, del 26 de noviembre de 2013. La Corte revisará la supuesta responsabilidad internacional de Colombia por la eventual violación de derechos y espacios marítimos de Nicaragua. De ninguna manera se trata de un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial.
La Corte examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional por las siguientes razones: no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012; las operaciones realizadas y la presencia de la Armada Nacional en el Mar Caribe; y la expedición del decreto que estableció la zona contigua integral en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Además, en el ámbito de este proceso, Colombia sometió ante la Corte dos contrademandas según las cuales: (i) Nicaragua ha violado los derechos de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales; y (ii) ha violado el derecho internacional al expedir un decreto que fijó unas líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral, áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros Estados.
El presidente Iván Duque tomó la decisión de mantener la política de Estado que, frente a los asuntos con Nicaragua, se había definido de tiempo atrás.
Nuestra defensa se ha centrado en evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el Mar Caribe suroccidental. De manera concreta, esto se manifiesta en ratificar y defender la soberanía nacional en el archipiélago, su unidad e integridad; continuar adelantando las actividades de lucha contra los delitos transnacionales en esa zona; procurar la protección del medio ambiente marino (la Reserva Seaflower y el Área Marina Protegida); y defender los derechos de pesca tradicionales.
De manera separada, en el marco de otro proceso, también iniciado por Nicaragua en contra de Colombia en 2013, la Corte está examinando la reclamación nicaragüense para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental, que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas, y la plataforma continental de Colombia. En los próximos meses la Corte debe citar a las audiencias para este caso y emitir un fallo con posterioridad.
Los dos procesos en curso de Nicaragua contra Colombia ante la Corte ya estaban muy avanzados cuando comenzó el actual gobierno. El presidente Iván Duque tomó la decisión de mantener la política de Estado que, frente a los asuntos con Nicaragua, se había definido de tiempo atrás. Esto se manifestó principalmente en dos aspectos: por una parte, en relación con el primer proceso de Nicaragua contra Colombia ante la Corte, iniciado en 2001 y concluido con el fallo del 19 de noviembre de 2012, en donde se reiteró la posición colombiana, según la cual, dicho fallo, en cuanto modificó los límites marítimos, no es aplicable en el ámbito interno y su implementación requiere de un tratado con Nicaragua. Esta posición se desprende de nuestra Constitución Política y así fue ratificado por la Corte Constitucional.
Y por la otra, en relación con los dos procesos actualmente en curso, se ratificó al equipo que había sido designado por el gobierno anterior, conformado por el agente, el coagente, y los abogados internacionales especialistas en litigios ante la Corte. Además, se mantuvo y se fortaleció la participación del Equipo Raizal en la estrategia, que ha sido fundamental. La defensa de Colombia ha sido clara, enfática y coherente, y siempre con el objetivo de defender los más altos intereses de nuestra nación en el Mar Caribe.
Columna publicada en El Tiempo
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