El megaproyecto del canal del Dique está en la memoria colectiva de los cartageneros desde hace muchos años, como una promesa incumplida que con el paso de los meses asfixia a la bahía de Cartagena y pone en riesgo su navegabilidad. Este escenario es el que quiere cambiar el actual gobierno y dejar en marcha una de las obras más importantes en el territorio nacional.
De acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, para lograr este objetivo de desarrollo los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre realizaron un aporte de recursos mediante vigencias futuras y regalías, que rondan los $700 mil millones, y se suman a los $1,56 billones de la Nación, haciendo posible que en menos de un año se materialice la adjudicación. “Desde el inicio del gobierno le plantee al presidente Iván Duque la importancia que tiene el Dique por dos condiciones: sostenibilidad y transporte. Este es un proyecto muy importante que va a conectarse con la APP del río Magdalena y que va a servir de manera definitiva para acabar la sedimentación de la bahía”, afirmó la vicepresidenta al realizar un recorrido por el canal, en medio del retorno a sus actividades presenciales tras superar la COVID-19.
Agregó que el Gobierno nacional tenía un cronograma mucho más ambicioso y esperaba hacer el cierre de la licitación entre octubre y noviembre de este año, hecho que, evidentemente, no ocurrió por la pandemia, pero además por los múltiples procesos de consultas previas que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
¿En qué fase va el proyecto?
Según explicó el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, actualmente se está cerrando la última fase de la estructuración que corresponde a las consultas previas, y, aunque todo marcha bien, recientemente se conoció la decisión de un juez que podría representar una traba en el proceso.
“Nos sumaron siete consultas adicionales como consecuencia de una tutela promulgada por un juez, pero tenemos serios reparos frente al procedimiento que se adelantó por cuanto el trámite no fue debidamente notificado, ni a nosotros ni a las otras entidades públicas, y en ese sentido solicitamos la nulidad de la actuación judicial que se ha adoptado hasta el momento”.
Conforme a lo expresado por Gutiérrez, en caso de que no se acepte la nulidad de la orden del juez, esta tendría un efecto “bien complejo” y representaría más retrasos en el calendario, pues de las 14 consultas previas ordenadas inicialmente ya llevan 12 prácticamente terminadas.
Al respecto, la vicepresidenta indicó que entiende a las comunidades, “pero lo que queremos es llamar la atención de cuánto beneficio va a traer esto para los municipios ribereños al canal”.
¿Qué falta?
Una vez se cierren los procesos de consulta, previstos para diciembre, el proyecto entrará en fase de aprobación ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, y con posterioridad se abriría la licitación.
De acuerdo con el presidente de la ANI, en el primer trimestre del próximo año la licitación debe estar abierta y “la adjudicación se daría entre el segundo y tercer trimestre”.
“Este proyecto resulta de gran importancia para la región y el país. Estamos hablando de una inversión cercana a los $2 billones solamente en obras”, resaltó Gutiérrez.
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