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Hojeada

Me enorgullece hacer parte de esta Nación y haber podido servir en circunstancias adversas.

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de Colombia

Cerrar una etapa en nuestra vida laboral y personal siempre implica balances, reflexiones y aprendizajes. Sin duda, mi paso por la Vicepresidencia representó, más que un desafío, anteponer el compromiso y la vocación de servir a Colombia, a pesar de las dificultades, de ataques y calumnias personales y familiares inmisericordes, que no tienen precedentes en la política de nuestro país, con bajezas que jamás se han utilizado contra ningún hombre.

¡Sí!, muchos recalcan que fui la primera mujer Vicepresidenta, pero jamás quise gloriarme de ello. Lo mío jamás ha sido acumular poder, el ego ni la vanidad. Por el contrario, demostrar que cuanto más alta sea la dignidad, mayor es la responsabilidad. La mayoría de mujeres no llegamos a posiciones elevadas para que nos honren, llegamos a tender puentes de entendimiento para construir, y a trabajar por el país.

Me voy con la satisfacción del deber cumplido, no ahorré ni un segundo para trabajar por Colombia, el país que me eligió para ocupar uno de los cargos más importantes de elección popular, que complementé con la designación como ministra de Relaciones Exteriores, faltando apenas un año para culminar el cuatrienio. Fueron 1.460 días, 31.140 horas, con noches cortas, madrugadas diarias y una única obsesión: la plena entrega y el buen ánimo y disposición para sembrar semillas de equidad que permitieran a Colombia transitar hacia el verdadero desarrollo.

Una de mis prioridades fueron las mujeres: que hagan parte de la toma de decisiones; ejerzan posiciones de liderazgo y de poder en la economía, la política y la sociedad; que los empresarios pudieran crecer, invertir y generar más empleos; que los trabajadores informales inicien un camino irreversible hacia la formalización y su dignidad que les garantice mejores condiciones de vida a ellos y sus familias.

En lo personal, mi paso por la Vicepresidencia de Colombia marcó un reto enorme: ser capaz de mantener todos los días el ánimo, sobreponer el amor por Colombia a la frustración por los ataques que recibí, bajo la furia de opinadores anónimos y no anónimos, que descargaron su odio contra mí y contra mi familia, teniendo en cuenta mis posiciones políticas y la posible aspiración a la presidencia en el año 2022.

Olvidaron que detrás del funcionario hay un ser humano con el derecho a defenderse, a explicar sus actuaciones y a demostrar su transparencia. Puedo mirar a la cara a Colombia y decir que jamás en la vida he violado la ley ni abusado de lo público, que jamás he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme.

Durante los últimos meses oímos a algunos sorprenderse por las estrategias para descalificar opositores y sacar contendores de la carrera política. ¡Cómo me sorprende que ninguno tuvo, en su momento, hace 2 años, solidaridad conmigo! Fueron pocas las llamadas solidarias que recibí, cuando ese guion para sacar del ruedo a contendores lo iniciaron conmigo.

Agradezco a la gente sencilla que, en cada recorrido por el país, se acercó con cariño genuino y gratitud sincera a expresarme su apoyo. A pesar de las borrascas, de tantas embestidas con las que intentaron doblegarme, hoy puedo, como pocos, mirar a los ojos a todos los colombianos y decirles que les cumplí, que trabajé incansablemente por todos y que, a pesar de no tener presupuesto propio en la Vicepresidencia, toqué puertas de cooperación internacional, del sector privado y de otras entidades del Gobierno para dejar andando iniciativas de emprendimiento, a favor de las mujeres, en todos los departamentos de Colombia.

También puedo decir a los colombianos que, desde mi condición humana, tuve errores –cómo no reconocerlos–, sobre todo una gran impaciencia de querer hacer más, rendir más, a costa de mis propias capacidades y el doble del esfuerzo de quienes trabajaron conmigo. A ellos, mi gratitud y mis disculpas porque sé que muchas veces exigí más de lo que era posible lograr. Aun en medio de las tormentas, logré, con todo mi equipo, mantenerme firme y dando resultados al país. Hoy, a pesar de todo, me siento más colombiana que nunca, como el lema que propuse para la conmemoración de los 200 años de independencia.

Me quedan la sonrisa de aquella mujer emprendedora del Vichada, la mirada esperanzadora de los trabajadores informales de Cúcuta, Barranquilla, Popayán y tantas ciudades que recorrimos con nuestro Laboratorio Social de Inclusión Productiva; la emoción de los niños que me recibieron con cariño en las diferentes regiones de Colombia, el cálido apretón de manos de nuestras comunidades indígenas, el abrazo de tantas mujeres de todas las etnias y condiciones. ¡Ese es el retrato que me llevo en el alma: tantos colombianos que, con entusiasmo, salen a trabajar cada día para construir país desde sus pequeños o grandes entornos!

Me llevo la satisfacción del reconocimiento a Colombia en las distintas presentaciones internacionales donde demostré que nuestro país tiene una gran fortaleza, gracias a la solidez de nuestras instituciones, a la estabilidad de nuestra democracia y de nuestra economía. Siempre que busqué atraer inversión, logré aplausos que nunca busqué para mí, siempre fueron para Colombia y sus empresarios.

Me enorgullece hacer parte de esta Nación y haber podido servir en circunstancias adversas, en las que acompañé al presidente Iván Duque a capotear tormentas y temporales, derivados de la pandemia, la crisis por el cambio climático, las protestas sociales válidas, infiltradas por vándalos que se dedicaron a desestabilizar el país, y por supuesto, los recientes impactos que ha tenido la guerra Rusia-Ucrania.

¡Servir a Colombia fue una oportunidad gratificante! Sin duda, el mayor privilegio de mi vida. A Colombia me debo, como aprendí hace 20 años de nuestros soldados: con honor, integridad y lealtad. La fortaleza la mantendré siempre muy en alto, gracias al ejemplo de integridad de mis padres, el apoyo de mi familia, mi esposo, mi hija, mi nieta, mi sobrina nieta y de la fe infinita en Dios. ¡Gracias, Colombia!

Columna publicada en El Tiempo
https://bit.ly/3BZsbsH

La equidad de género es uno de los legados transformacionales más valiosos de este Gobierno, consolidada hoy como política de Estado. Cumpliendo nuestro compromiso con las colombianas, el pasado 18 de abril, se aprobó el documento Conpes 4080 “Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país”, resultado del trabajo sistemático que realizamos desde la Vicepresidencia de la República, con la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer en todas las regiones de Colombia. Durante este cuatrienio, impulsamos, además, una agenda legislativa robusta, con sello de mujer.

Este documento -histórico en nuestro país- tiene como base los resultados que alcanzamos en los últimos cuatro años para el empoderamiento de las colombianas, proyectados en un ambicioso plan de acción, con recursos indicativos que constituyen un precedente en materia de presupuestos, destinados a las mujeres y al cierre de brechas. Se trata de una hoja de ruta para los próximos 8 años, con el objetivo de que, en 2030, Colombia sea líder indiscutible a nivel internacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: Equidad de Género.

En este derrotero, se consagran políticas y programas de empleo en emprendimiento, educación, mitigación de la pobreza, desarrollo digital, salud y bienestar de las mujeres, así como promoción de su liderazgo en el sector público y privado, prevención y atención de violencias. Además, se puso especial cuidado en las apuestas de las mujeres en la agenda de paz y seguridad, incluyendo aspectos que yo misma he impulsado como el Programa Integral de Garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos, y un mayor reconocimiento y promoción de la Fuerza Pública.

Quiero destacar, además, que este Conpes fortalece el Fondo Mujer Emprende, como instrumento de política pública que permite a las emprendedoras de Colombia acceder a capital inteligente; le apuesta a la posibilidad de que las regiones inviertan recursos de regalías en proyectos productivos de mujeres e implementen políticas para el cierre de brechas; así como la creación de una ruta de inclusión productiva para las mujeres en condición de pobreza, que les permita salir de la zona de vulnerabilidad y les asegure un ingreso digno y sostenible.

Como Vicepresidenta, lideré el Pacto de Equidad de la Mujer Rural, por eso mismo, me parece tan importante que este documento tenga como componente transversal un conjunto de acciones dirigidas a las mujeres que viven y trabajan en el campo en condiciones adversas.

En este Conpes, participaron 39 entidades de todos los sectores del Gobierno, lo cual garantiza un abordaje integral de los seis ejes de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de la institucionalidad de género a nivel nacional y territorial. ¡Hemos dejado plasmadas las condiciones institucionales, presupuestales y programáticas para que la creación del Ministerio de las Mujeres sea realidad!

Estoy convencida del nexo indisoluble entre el liderazgo de las mujeres y el desarrollo sostenible del país. Tal como lo planteamos en el Foro M, llevamos cuatro años trabajando para que las colombianas sean agentes de transformación, protagonistas de la agenda internacional, del crecimiento económico y de la construcción de la paz que Colombia merece.

Publicada en diario La República
https://bit.ly/3zNIWnU

La vicepresidenta y canciller colombiana ahonda en los fuertes vínculos que ambos países han mantenido por 200 años y dice que los retos del contexto global serán parte del diálogo de esta asociación estratégica binacional.

Marta Lucía Ramírez

Vicepresidenta y canciller de la República de Colombia

Somos dos países andinos, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que compartimos el privilegio de contar con naciones jóvenes, talentosas y en crecimiento, nos destacamos por la riqueza en activos naturales estratégicos, con una importante proyección comercial al Asia Pacífico, con altas capacidades productivas en la agroindustria, servicios, infraestructuras físicas competitivas e instituciones democráticas sólidas abiertas a las demandas sociales de cada país.

La hermandad que nos ha unido en estos 200 años se ha forjado tras superar desafíos históricos, por una absoluta convicción democrática y el compromiso irrenunciable de construir sociedades más justas, incluyentes y sostenibles.

A lo largo de estos dos siglos de historia republicana, ambos países han recorrido extensos caminos con el propósito de consolidar un Estado de derecho sólido, una institucionalidad democrática robusta, economías prósperas y productivas al servicio del bienestar y la cohesión social de sus poblaciones. Cuando se hace un recuento de los hitos históricos en este bicentenario de la relación entre ambas naciones, encontramos que el comercio es uno de los pilares esenciales de este vínculo diplomático que nació con la firma del Tratado de Amistad, Liga y Confederación, cuyos 200 años celebraremos el próximo 21 de octubre. En efecto, el 16 de febrero de 1844 se suscribió el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República de la Nueva Granada y la República de Chile. Más de un siglo después, el 19 de marzo de 1970, se suscribió el convenio para evitar la doble tributación de las empresas de navegación aérea y marítima en el sector de impuestos sobre la renta y capital, y el 27 de noviembre de 2006 suscribimos el Acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 2012. No menos importante para este y otros sectores de nuestra agenda internacional, es la Declaración Presidencial de Lima, con la cual los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú establecieron la Alianza del Pacífico el 28 de abril de 2011.

De igual forma, el cuerpo normativo colombiano, que ha permitido construir un Estado Social de Derecho férreo, tiene por antecedente el Código Civil del jurista Andrés Bello, el cual fue adoptado por los Estados de la Confederación Granadina y luego por la Unión. Y qué decir de la cooperación para la defensa de las instituciones e integralidad del territorio, por lo que he de recordar la deferencia de Chile en 1885, cuando acudieron a la defensa de los intereses de la Unión Colombiana, al suscitarse una crisis con los Estados Unidos. Del mismo modo, gracias al aporte que hace más de dos década Chile brinda al Programa Antártico Colombiano, hemos y seguiremos llegando a la Antártica.

Son 178 años de confianza en la relación comercial y de inversión que, a 2021, alcanzó los US$ 1.090 millones en exportaciones (41% más que en 2020), dentro de las cuales se incluyeron 623,5 millones de bienes no minero-energéticos, lo que ha significado la oportunidad para más de 865 empresas colombianas de exportar sus productos con registros por montos iguales o superiores a US$ 10.000 millones.

En materia de construcción de paz, Chile es el primer y único país latinoamericano que hace parte del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto y del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia. En el mismo sentido, ha brindado un aporte sustantivo con el contingente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Los acuerdos e instrumentos que suscribimos con Chile tienen una vocación de atemporalidad, con una visión futurista y de prospectiva constructivista. Por citar un ejemplo, el 6 de noviembre de 1914 se suscribió el tratado de extradición entre ambas repúblicas, conscientes de la necesidad de hacer frente a los desafíos de la delincuencia trasnacional. Con esa misma visión, el 24 de septiembre de 2021 se renovó ese compromiso al suscribir una versión actualizada del tratado de extradición que además contempla la evolución de la criminalidad y sus formas de operar.

Finalmente, desde el 16 de agosto de 2011, se suscribió el Memorando de Entendimiento para la Asociación Estratégica entre la República de Chile y la República de Colombia (CAE), mecanismo que institucionaliza la relación bilateral a un nivel superior, en el que hacemos una revisión exhaustiva de todas las aristas de la relación bilateral y del cual se derivan compromisos importantísimos en pro del interés de ambas naciones y de sus conciudadanos.

Grandes retos

El CAE y la celebración de este bicentenario de relaciones diplomáticas nos hacen pensar sobre el futuro que nos depara. El contexto global y los retos que devienen consigo deben situar en el centro de nuestro diálogo político muchísimos temas de especial relevancia, todos los cuales hacen parte de la profundización continua de nuestra asociación estratégica binacional. Bajo esa égida, se incluyen la diversificación y ampliación de la Alianza del Pacífico; la respuesta coordinada e integral a los desafíos migratorios del continente, que incluye el respeto a los principios de humanidad, corresponsabilidad y solidaridad; la efectiva mitigación y adaptación al cambio climático; la protección y aprovechamiento de los océanos, y la transición energética, para lograr un desarrollo bajo en carbono que potencie la competitividad y sostenibilidad en ambos países y la región. No se deben dejar de lado los procesos de admisibilidad sanitaria de productos agrícolas y pecuarios de interés estratégico de cada país, y la potenciación de los lazos económicos, comerciales, de inversión y turismo, que contribuirán a acelerar la positiva reactivación económica y la recuperación del tejido productivo y social afectado por la pandemia, entre otros asuntos.

Estos son algunos de los pilares que han marcado la hoja de ruta de un relacionamiento estrecho pero, sobre todo, estratégico entre nuestras naciones, que deben marcar también un futuro basado en la confianza en las instituciones de uno y de otro lado.

El aniversario número 200 de relación bilateral, será la ocasión para renovar el espíritu de hermandad y entendimiento que une a ambos países. Será también una oportunidad valiosa para aunar esfuerzos hacia el futuro y, de manera mancomunada, trabajar en los desafíos contemporáneos, siempre pensando en el desarrollo de nuestras naciones, el interés de nuestros connacionales y en la importancia de estar al nivel de las demandas globales para heredarles a las futuras generaciones un mundo mejor.

Columna de opinión Publicada en diario Mercurio

La vicepresidenta de la República y Canciller es una de las 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia 2022

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2022

La bogotana Marta Lucía Ramírez nació un mes antes de que se le permitiera a una mujer votar por primera vez. Desde entonces, tuvieron que pasar seis décadas para que el país tuviera a la primera mujer Vicepresidenta de la República.

La mujer que hoy ostenta esa dignidad y también la de Canciller de Colombia es parte de las primeras colombianas que pudieron entrar a la vida política, un camino que no ha estado exento de los desafíos propios de un país que estaba acostumbrado a ser liderado por hombres. “Sin duda, las mujeres políticas tenemos más obstáculos, entre otras cosas, porque las que ingresamos a la política con la verdadera vocación del servicio público, sin tener familias políticas o ser de un clan político, nos encontramos con las zancadillas que muchas veces procuran impedirnos continuar en esa aspiración”, dijo la vicepresidenta.

De 67 años y abogada de profesión, empezó su carrera en el sector privado y luego saltó al público porque le parecía que ahí su trabajo podría tener un mayor impacto. “Desde mi experiencia en el Ministerio de la Defensa entendí que el mejor servicio, el más difícil y desafiante es la política. Fue cuando tomé la decisión de lanzarme a hacer una carrera en esta tarea y a buscar, desde el escenario electoral, ser elegida por los colombianos”, cuenta en conversación con Forbes.

La vida pública

Empezó trabajando como patinadora jurídica en la Superintendencia Financiera, después estuvo por años en el sector privado como presidenta de Fedeleasing y presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). En el Gobierno de César Gaviria le ofrecieron ser directora de Incomex y allí empezó su vocación por el sector público.

En su vida pública también fue senadora e impulsó, entre otros proyectos, la Ley de Cuotas en Colombia, un hito para la participación política de la mujer en Colombia, pues establece una participación mínima de las mujeres en cargos públicos. “Siendo senadora, establecimos por primera vez la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso. En ese momento dimos juntas la batalla por lograr; primero, la cuota del 30% de las mujeres en las listas al Congreso, y segundo, la Ley 1285 del 2006. En esa Ley logramos nosotras, entre otras cosas, que el delito de violación sexual se convirtiera en un delito investigable de oficio y no requiriera querella de parte”.

Fue viceministra de Comercio Exterior, ministra de Comercio Exterior y ministra de la Defensa, y ahora ocupa el segundo cargo más importante que tiene el poder ejecutivo en Colombia, junto al de Ministra de Relaciones Exteriores. La corrupción y la equidad han sido su bandera.

“Me siento muy satisfecha porque diseñamos una política pública que tiene reconocimiento internacional. En ambos campos diseñamos programas e instrumentos muy valiosos que ojalá tengan continuidad, pero lamentablemente no existe un presupuesto asignado a la Vicepresidencia, situación que dificulta el logro de resultados en el corto y mediano plazo, pues el equipo debe enfocarse también, no solo en la formulación de política pública, sino en la consecución de los recursos que las financien”, cuenta.

A días de terminar este gobierno confiesa a Forbes que, aunque ha recibido varias propuestas del sector público y privado, lo primero que hará será tomarse unos días de descanso con su familia.

Publicado en Forbes
https://bit.ly/3vUjo7E

La defensa de Colombia ha sido con el objetivo de defender nuestros intereses en el Mar Caribe

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de la República

El próximo 21 de abril la Corte Internacional de Justicia dará lectura al fallo de fondo en el marco de la demanda de Nicaragua contra Colombia, del 26 de noviembre de 2013. La Corte revisará la supuesta responsabilidad internacional de Colombia por la eventual violación de derechos y espacios marítimos de Nicaragua. De ninguna manera se trata de un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial.

La Corte examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional por las siguientes razones: no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012; las operaciones realizadas y la presencia de la Armada Nacional en el Mar Caribe; y la expedición del decreto que estableció la zona contigua integral en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además, en el ámbito de este proceso, Colombia sometió ante la Corte dos contrademandas según las cuales: (i) Nicaragua ha violado los derechos de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales; y (ii) ha violado el derecho internacional al expedir un decreto que fijó unas líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral, áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros Estados.

El presidente Iván Duque tomó la decisión de mantener la política de Estado que, frente a los asuntos con Nicaragua, se había definido de tiempo atrás.

Nuestra defensa se ha centrado en evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el Mar Caribe suroccidental. De manera concreta, esto se manifiesta en ratificar y defender la soberanía nacional en el archipiélago, su unidad e integridad; continuar adelantando las actividades de lucha contra los delitos transnacionales en esa zona; procurar la protección del medio ambiente marino (la Reserva Seaflower y el Área Marina Protegida); y defender los derechos de pesca tradicionales.

De manera separada, en el marco de otro proceso, también iniciado por Nicaragua en contra de Colombia en 2013, la Corte está examinando la reclamación nicaragüense para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental, que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas, y la plataforma continental de Colombia. En los próximos meses la Corte debe citar a las audiencias para este caso y emitir un fallo con posterioridad.

Los dos procesos en curso de Nicaragua contra Colombia ante la Corte ya estaban muy avanzados cuando comenzó el actual gobierno. El presidente Iván Duque tomó la decisión de mantener la política de Estado que, frente a los asuntos con Nicaragua, se había definido de tiempo atrás. Esto se manifestó principalmente en dos aspectos: por una parte, en relación con el primer proceso de Nicaragua contra Colombia ante la Corte, iniciado en 2001 y concluido con el fallo del 19 de noviembre de 2012, en donde se reiteró la posición colombiana, según la cual, dicho fallo, en cuanto modificó los límites marítimos, no es aplicable en el ámbito interno y su implementación requiere de un tratado con Nicaragua. Esta posición se desprende de nuestra Constitución Política y así fue ratificado por la Corte Constitucional.

Y por la otra, en relación con los dos procesos actualmente en curso, se ratificó al equipo que había sido designado por el gobierno anterior, conformado por el agente, el coagente, y los abogados internacionales especialistas en litigios ante la Corte. Además, se mantuvo y se fortaleció la participación del Equipo Raizal en la estrategia, que ha sido fundamental. La defensa de Colombia ha sido clara, enfática y coherente, y siempre con el objetivo de defender los más altos intereses de nuestra nación en el Mar Caribe.

Columna publicada en El Tiempo
https://bit.ly/3uYXeRe​

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Cuenta Rosario Marín, primera tesorera inmigrante de Estados Unidos y exalcaldesa de Huntington Park, que –a sus catorce años– habiendo migrado de México a ese país, tuvo que forjarse un camino a pulso, retador frente a los prejuicios machistas que han privilegiado la educación de los hombres frente a la de las mujeres y que han frustrado los anhelos de tantas niñas en el mundo. Con convicción, esfuerzo –y a veces llanto– construyó una historia de éxito e inscribió su nombre en un país que no era el suyo, pero que acogió su talento. Hoy sentencia con vehemencia: “No importa dónde empiezas, tú como la nata subes, pero te la tienes que creer”.

Rosario, cuyo testimonio nos conmovió hasta las lágrimas, fue una de nuestras invitadas de lujo en la IV edición del Foro M, que realizamos en Pereira el pasado 8 de marzo, con más de cuatro mil participantes en formato presencial y virtual. Con cada palabra nos recordó de qué estamos hechas las mujeres, pero también nos alentó a perseverar, hasta que ser mujer deje de ser sinónimo de sacrificios, de lágrimas y de un doble o triple esfuerzo para dar a conocer nuestras potencialidades.

De esta manera, concluimos uno de los ciclos más enriquecedores y fascinantes del trabajo que hemos realizado desde el inicio de nuestro gobierno, para que las mujeres sean parte de la toma de decisiones, líderes de la economía y la política, nos ayuden a tejer puentes de reconciliación y nunca más sufran la violencia machista arraigada por años.

La clave, para nosotros, ha sido fomentar la autonomía económica, como pilar de este andamiaje, y en ese sentido hemos movilizado recursos que permitan a las mujeres emprender e ingresar al mercado laboral. Por tanto, uno de los mensajes claves que quise dejar como reflexión en nuestro Foro M es la necesidad de trascender del discurso políticamente correcto de la equidad de género a la asignación de presupuesto.

En este contexto, anunciamos dos buenas noticias, alineadas con los múltiples programas de apoyo al emprendimiento que tenemos en marcha en las regiones. Con nuestro Fondo Mujer Emprende, y en una alianza con Innpulsa, brindaremos acompañamiento financiero y técnico a 24 emprendimientos de mujeres rurales y urbanas, con recursos por $ 2.500 millones, que permitirán a las beneficiarias mejorar sus capacidades productivas, comerciales e integrarse a cadenas de valor. También con Finagro, abrimos una línea especial de microcrédito que se inicia con $ 3.000 millones y se apalancará con $ 7.500 millones adicionales, para financiar emprendimientos de 2.500 mujeres rurales. ¡Queremos que este tipo de iniciativas se multipliquen e involucren más actores!

A estas buenas nuevas, se sumaron valiosísimas reflexiones, de cara al futuro, de más de 30 panelistas de distintos sectores. Bien lo dijo Gabriela Ramos, Subdirectora de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, “ya sea que las mujeres susurren, hablen o griten, asegurémonos de que sus voces sean escuchadas”. A su vez, Guadalupe Durán, gerente general de Mastercard Ecuador, dejó en firme una premisa: “La economía mundial se fortalece significativamente cuando hay equidad laboral de género”. Y así, coincidimos todas en que es inconcebible un mundo sin el liderazgo de las mujeres.

Este es un trabajo que no puede ni debe terminar con un gobierno. Por tanto, en este Foro M –que esperamos no sea el último– entregamos a todos los sectores sociales una semilla de esperanza que ya empieza a florecer. Hoy, toda Colombia tiene la responsabilidad de acogerla y regarla a diario para que fructifique, porque solo el día que podamos hablar de una verdadera equidad de género –cuando hombres y mujeres avancen a la par– lograremos el verdadero desarrollo. ¡He ahí nuestra causa!

Publicada en El Tiempo
https://bit.ly/3LdcShg

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

¡Llegó la hora de mirar de frente a los océanos, de aprovechar sus innumerables posibilidades y poner el foco en la sostenibilidad de nuestra invaluable riqueza marítima! Allí, en los mares yace nuestro futuro como humanidad, nuestra fuerza natural, el desarrollo de las comunidades ribereñas y nuestro potencial económico y comercial.

Por tanto, Colombia, como uno de los países bioceánicos del mundo, está liderando el debate y el análisis nacional y mundial para entender los océanos, no solo como un activo estratégico, sino también como un elemento fundamental para la prolongación de la vida.

Como país, hemos puesto el foco en la economía azul y nos hemos planteado la meta de convertir a Colombia en Potencia Biocéanica 2030, como quedó consagrado en el documento CONPES 3990, expedido durante nuestro Gobierno. Desde la Comisión Colombiana del Océano – CCO, que tengo el honor de liderar, hemos impulsado el desarrollo de la industria marítima, el turismo y la generación de empleo. En ese sentido, logramos la aprobación de la Ley de Abanderamiento, la certificación ‘Blue Flag’ en 4 playas, adelantamos la Expedición Seaflower Plus, 8 expediciones más y creamos la Red Colombiana de Semilleros, entre otras acciones que nos han permitido fortalecer cimientos para aprovechar nuestras dos enormes ventanas al mundo, pero también proteger nuestro patrimonio ambiental.

En el marco de este trabajo transversal que hemos adelantado, organizamos el Foro Internacional de Países Bioceánicos, que reunirá a autoridades marítimas del mundo y que se cumplirá el próximo 23 de marzo, en una de nuestras ciudades emblemáticas: Cartagena. En este espacio, compartiremos experiencias en desarrollo económico sostenible y uniremos esfuerzos para la protección y el aprovechamiento integral de nuestros recursos marino-costeros.

Entre nuestros invitados de lujo estarán Mathias Cormann, secretario General de la OCDE; Inger Angersen, directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA; Kitack Lim, secretario General de la Organización Marítima Internacional; César Landa, ministro de Relaciones Exteriores de Perú; entre otros.

Como humanidad, debemos entender que nos convoca un gran compromiso con el futuro, que debe comenzar por garantizar la preservación de la vida, en todas sus manifestaciones. Si somos capaces de aprovechar el potencial marino en ciencia, comercio, cultura y ecología, podremos no solo garantizar un mañana para los que nos preceden, sino también, que ese mañana llegue con nuevas posibilidades de crecimiento, empleo, progreso y justicia social.

Indudablemente, espacios como el Foro Bioceánico nos dan la oportunidad para tender puentes, avanzar en cooperación, hacer que nos conozcamos mejor como países oceánicos e identifiquemos de manera asertiva, los ejes estratégicos hacia nuestro propósito de un futuro azul para el planeta. ¡Hablar de los océanos es hablar de esperanza!

Publicada en El Universal
https://bit.ly/37TeJJN

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.

Hoy los colombianos cuentan con una ley emblemática, que empodera a los ciudadanos y a las entidades para acorralar a los corruptos; da herramientas para vigilar los recursos públicos, frenar carteles y carruseles de la ignominia y desmantelar la corrupción: principal arma de destrucción masiva de la confianza pública.

Acabar los contratos a dedo, tener un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, crear un fondo de reparación a víctimas, identificar beneficiarios reales de la contratación pública, evitar la confusión de recursos de diferentes contratos con el Estado, son algunas de las medidas para poner tatequieto a los ladronzuelos, que se lucran infamemente a costa del bienestar de un país.

La Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción (No 2195 de 2022), que sancionó el Presidente Duque el pasado 18 de enero, rompe esquemas y abre una cruzada en prevención, para que, desde los colegios, se instaure una cultura de legalidad e integridad. Desde ahora, los Proyectos Educativos Institucionales deben establecer, de forma transversal, competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público; habrá una cátedra de transparencia en las instituciones educativas y se creará la figura de contralores estudiantiles (ojalá también sea acogida por las universidades), para que se verifique el respeto por los bienes públicos y privados y se entienda la gravedad de “hacerle conejo” a Colombia.

Pero no sólo eso: también acabaremos el derroche a quienes, descaradamente, sacan tajada del presupuesto de la educación, en detrimento de la nutrición de los niños. Quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar –PAE– serán inhabilitados y tendrán que reparar a las víctimas, ya que también se crea un fondo con estos fines, para este tipo de casos de corrupción.

Teniendo en cuenta los regímenes de responsabilidad jurídica aplicables en Colombia, se dará un lugar central a los afectados por este delito y se permitirá la imposición de multas para mayor disuasión de las conductas corruptas e indemnizar a los afectados individuales y colectivos de actos de corrupción.

Así mismo, se pondrán en marcha distintos programas de transparencia con el sector privado, dando continuidad a un trabajo que hemos desarrollado con la Secretaría de Transparencia en estos más de tres años. Ello va a permitir, no sólo que se facilite el levantamiento del velo corporativo, sino también que haya un trabajo permanente en la cultura de legalidad que ha planteado el Presidente Duque.

Otra buena noticia es que podremos conocer los beneficiarios finales de las contrataciones. Las entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control, o que tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada tendrán acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), que será administrado por la DIAN.

Adicionalmente, aumentaremos controles dentro del Estado, con la creación de un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos.

Y quienes van por la vida, atentando contra los bienes públicos -mediante vandalismo, por ejemplo- asumirán ahora responsabilidad fiscal, literalmente, tendrán que pagar el daño ocasionado.

Hemos mostrado la voluntad del Estado, de una Nación, de decir no más a la opacidad, que ha sido el caldo de cultivo de una cantidad de privilegios, de silencios, que han facilitado la acción de los corruptos.

Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.

Publicada en El Heraldo
https://bit.ly/3HbZetc

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Uno de nuestros objetivos como Gobierno ha sido cortar de raíz esta “malicia” o “avivatez” y contrarrestarla con una cultura de la integridad y la legalidad

Son múltiples los desafíos que ha enfrentado Colombia a lo largo de la historia, y que han limitado el desarrollo y las oportunidades para todo un país. Uno de los más nocivos y destructivos ha sido, sin duda, la corrupción, que ha permeado todas las esferas sociales y ha menguado la confianza ciudadana en casi todas las instituciones.

En buena parte de nuestra sociedad, lamentablemente, ha hecho carrera “la viveza”, justificada con la sobrevivencia y con que el fin justifica los medios; el camino de lo “ventajoso”, aplaudido o al menos tolerado por la mayoría; la típica y detestable manía de saltarse la fila, no importa a quién nos llevemos por delante, y que denota una sociedad en la que el interés individual pisotea el general y el incumplimiento de las reglas es parte de las costumbres sociales. ¡Este es el inicio de la corrupción y deriva en comportamientos a mayor escala, que afectan a toda la Nación!

Por esta razón, uno de nuestros objetivos como Gobierno ha sido cortar de raíz esta “malicia” o “avivatez” y contrarrestarla con una cultura de la integridad y la legalidad. Siempre he creído que el trabajar enfocados en cerrar espacios a la corrupción mediante más transparencia, genera un círculo virtuoso de prevención, sin descuidar la sanción. Fue así como estructuramos hace varios años los elementos fundamentales del Proyecto de Ley que se enriqueció con los aportes de varias entidades de la Comisión de Moralización y la Secretaría de Transparencia, y es hoy la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción que pasa a sanción del presidente Iván Duque. Indiscutiblemente fue un acierto la presentación de un proyecto unificado con el concurso de 25 entidades entre estatales, del sector privado, la academia y la sociedad civil, que integran la Comisión de Moralización.

El texto del proyecto tiene tres grandes pilares: i) prevención y pedagogía ii) sanción, y iii) fortalecimiento institucional; agrupados en 11 capítulos y 69 artículos. También reúne iniciativas legislativas, que fueron archivadas, cumple con recomendaciones de organismos internacionales, ataca falencias legales y busca empoderar y dotar a las autoridades anticorrupción.

La iniciativa dispone programas de transparencia y ética pública y privada, que permitan tener esquemas de autorregulación y control de los riesgos de corrupción, con un alto componente de pedagogía. Así mismo, se institucionaliza la figura de los contralores estudiantiles que promuevan la rendición de cuentas, la participación democrática, la transparencia, y se insta a universidades y colegios a fomentar, de manera transversal, las habilidades necesarias para formar ciudadanos íntegros, que hagan control social.

También, se destaca la creación de un régimen sancionatorio a las empresas por la comisión de actos de corrupción por parte de sus representantes, directivos o funcionarios. ¡Y no sólo eso! Esta iniciativa conlleva la obligatoriedad de desarrollar actividades de debida diligencia para identificar a los beneficiarios finales, y dejar de lado las actitudes cómplices frente a la corrupción.

De ahora en adelante, servidores públicos y sector privado deben ser corresponsables de esta lucha. En los contratos estatales se deberá llevar una contabilidad transparente, clara e individualizada de cada proyecto a través de centros de costos. De igual manera, se consagra la posibilidad de que los jueces apliquen multas, destinadas a la reparación de las víctimas de actos de corrupción. Por último, trae más herramientas para reforzar la vigilancia e imponer sanciones a quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

El mensaje es claro: ¡No más tolerancia con la corrupción!, no más opacidad; los ciudadanos deben conocer en qué se invierten los recursos, qué se decide en el Estado y a quiénes benefician las decisiones. Estamos en la obligación de mejorar nuestra democracia desde adentro y de fortalecer la institucionalidad, reconociendo debilidades y fallas para lograr más confianza ciudadana y la mejor versión de Colombia: un país íntegro, transparente y decidido a cortar cualquier asomo de corrupción que quiera afectar nuestro desarrollo.

Publicada en La Opinión
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Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de Colombia

Si pudiera resumir el 2021 en una palabra, sería “Solidaridad”. En este tercer año de gobierno, se presentaron innumerables retos, en el contexto de la pandemia, que desató una enorme crisis económica, cuyos vestigios aún permanecen. Esos vientos huracanados, también impactaron nuestra infraestructura, pero no lograron apagar los motores de cambio.

En medio de la adversidad, aprendimos la inmensa corresponsabilidad que tenemos como parte de una sociedad, en la que el actuar de unos, influye en el bienestar de los otros. Todos nos vimos obligados a cooperar, a cuidarnos a nosotros mismos, no sólo en beneficio individual, sino también para evitar una catástrofe colectiva de magnitudes superiores a la que vivimos.

Gracias al sentido de la solidaridad, hoy estamos pasando la página de uno de los capítulos más duros que nos ha tocado vivir como humanidad, logramos sortear las dificultades y comenzar de nuevo, reactivar la economía, y encender la maquinaria amarilla de uno de los sectores más protagónicos de esta recuperación productiva: la infraestructura, generadora de empleo por excelencia, de la mano del Compromiso por Colombia.

Hoy, después del remezón, soplan mejores vientos, que dan lugar al optimismo. En el sector transporte, nuestro gobierno está logrando una cartera histórica de 81 proyectos de interés nacional y estratégico, con una inversión total de $75 billones, que generan 1 millón de empleos. Actualmente, 54 de estos proyectos se encuentran en ejecución. ¡Y vamos por más! Para el 2022, del Presupuesto General de la Nación se tienen recursos de inversión en infraestructura de transporte de $ 10.3 billones de pesos, aproximadamente 3% más que en 2021.

Rescatamos el programa de autopistas 4G, logrando una ejecución del 58%, incremento notorio, teniendo en cuenta que en 2018 el avance era del 16%. De estos 29 proyectos, 27 se encuentran en fase de ejecución u operación y mantenimiento, y vamos a dejar inauguradas 20 de las 29 concesiones 4G, al final de nuestro gobierno, una de las apuestas más ambiciosas de la última década en Latinoamérica.

En obra pública, finalmente logramos adjudicar la construcción del Viaducto Km 58 Bogotá-Villavicencio, para dar una solución definitiva a los problemas que han atormentado por años el transporte de carga al Llano y la Orinoquía. De esta manera, estamos saldando deudas históricas.

Esta obra hace parte de la Conexión Pacífico-Orinoquía, corredor estratégico que comunicará el puerto de Buenaventura con la mayor despensa agroalimentaria del país, la cual concentra el 23% del PIB nacional y beneficiará a más de 13 millones de habitantes. De este corredor, logramos iniciar actividades de obra y mantenimiento en los sectores Puente Arimena-Viento y Juriepe Puerto-Carreño.

Hay que decir que, además, le apostamos a la multimodalidad, con la apertura de licitaciones de la primera ola de quinta generación de concesiones (5G), con 14 proyectos que lograrán la conexión eficiente entre los centros urbanos y generadores de carga, puertos fluviales y marítimos, centros logísticos y aeropuertos. La coyuntura mundial exige infraestructura social, resiliente y sostenible, y los proyectos 5G son un vehículo que aumentará las capacidades del país en materia logística y competitiva, de forma eficiente y productiva.

Nuestra prioridad es la gente en todos los rincones de Colombia; por eso, dispusimos una inversión sin precedentes para la intervención de vías terciarias prioritarias, que conectan nuestras veredas y corregimientos con los centros urbanos, con una cifra que asciende a $ 5.6 billones (entre recursos del PGN y las regalías regionales, departamentales y municipales). ¡Resulta imperativo apoyar la economía rural y garantizar a los campesinos el transporte de sus cosechas! Anteriormente, los presupuestos anuales para la red terciaria de todo el país apenas alcanzaban los $ 4.000 millones.

A su vez, el desarrollo de la infraestructura de transporte ha estado acompañado del mejoramiento del entorno en el que se desarrollan estos proyectos. En este sentido, se ha avanzado en los componentes de fortalecimiento institucional, fuentes de pago y financiación, ajustes al marco normativo, y logística; siguiendo la hoja de ruta planteada por el Plan Maestro de Transporte Intermodal y las recomendaciones de nuestra Comisión de expertos 2019, de la OCDE y del Consejo Privado de Competitividad, de las cuales se han implementado más de 80 acciones estratégicas mediante la Comisión Intersectorial de Infraestructura de Transporte.

Vale resaltar, además, que hemos avanzado en la consecución de nuevas fuentes de pago y financiacion para nuestros proyectos de infraestructura con la titularización de 25 peajes del INVÍAS, la cual finalizará su estructuración este año, y con la que esperamos recaudar $1.6 billones de pesos para el mejoramiento de corredores estratégicos. Así mismo, está ad portas de iniciar el proceso de licitación del Canal el Dique, que es un piloto de mecanismos de agregación de fuentes de pago.

En octubre, pusimos en marcha la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), entidad creada para planear el desarrollo a largo plazo de la infraestructura, que garantizará la sostenibilidad financiera, social y ambiental de los proyectos. Dentro de la hoja de ruta, está el Plan Maestro de Transporte Intermodal que se encuentra en proceso de contratacion para su actualización. Con ello, estamos logrando una política integral de infraestructura de transporte de Estado, no solo de gobierno.

Hemos marcado hitos muy importantes para nuestra infraestructura este año, como el lanzamiento del Observatorio Nacional de Logística, Transporte, Minas y Energía, con el cual se pone a disposición del público la información, a través de una herramienta estratégica y de transparencia para la toma de decisiones y planeación de política pública.

Logramos modificar la reglamentación de Asociaciones Público-Privadas, que permite alinear la distribución de riesgos, corregir estimaciones de costos y conservar un equilibrio entre incentivos y competencia que estimulan la participación del sector privado. Hoy en día, según el Banco Mundial e Infrascope, Colombia es referente mundial y líder en Latinoamérica en la aplicación de mecanismos de APP.

Soñamos con ser un país conectado intermodalmente, reconocido por su infraestructura. Y que, a pesar de tener una complicada geografía, nuestras regiones se encuentren conectadas eficientemente, nuestros productos salgan a los puertos de manera ágil y con costos logísticos bajos.

Hasta el último día de este gobierno, honraremos el compromiso de conectar a Colombia, avanzar hacia el transporte intermodal y sostenible, y reactivar los corredores férreos para carga. ¡Este es nuestro legado para los colombianos!

Queremos dejar huellas imborrables en nuestras regiones, que ojalá se sigan atomizando en las zonas donde más urge la mano del Estado. Esperamos que los participantes de este XVIII Congreso de la CCI sean veedores de que nuestra política de Estado se mantenga como brújula hacia una Colombia cada vez más eficiente.

Publicada en Infraestructura & Desarrollo
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