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La vicepresidenta de la República y Canciller es una de las 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia 2022

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2022

La bogotana Marta Lucía Ramírez nació un mes antes de que se le permitiera a una mujer votar por primera vez. Desde entonces, tuvieron que pasar seis décadas para que el país tuviera a la primera mujer Vicepresidenta de la República.

La mujer que hoy ostenta esa dignidad y también la de Canciller de Colombia es parte de las primeras colombianas que pudieron entrar a la vida política, un camino que no ha estado exento de los desafíos propios de un país que estaba acostumbrado a ser liderado por hombres. “Sin duda, las mujeres políticas tenemos más obstáculos, entre otras cosas, porque las que ingresamos a la política con la verdadera vocación del servicio público, sin tener familias políticas o ser de un clan político, nos encontramos con las zancadillas que muchas veces procuran impedirnos continuar en esa aspiración”, dijo la vicepresidenta.

De 67 años y abogada de profesión, empezó su carrera en el sector privado y luego saltó al público porque le parecía que ahí su trabajo podría tener un mayor impacto. “Desde mi experiencia en el Ministerio de la Defensa entendí que el mejor servicio, el más difícil y desafiante es la política. Fue cuando tomé la decisión de lanzarme a hacer una carrera en esta tarea y a buscar, desde el escenario electoral, ser elegida por los colombianos”, cuenta en conversación con Forbes.

La vida pública

Empezó trabajando como patinadora jurídica en la Superintendencia Financiera, después estuvo por años en el sector privado como presidenta de Fedeleasing y presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). En el Gobierno de César Gaviria le ofrecieron ser directora de Incomex y allí empezó su vocación por el sector público.

En su vida pública también fue senadora e impulsó, entre otros proyectos, la Ley de Cuotas en Colombia, un hito para la participación política de la mujer en Colombia, pues establece una participación mínima de las mujeres en cargos públicos. “Siendo senadora, establecimos por primera vez la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso. En ese momento dimos juntas la batalla por lograr; primero, la cuota del 30% de las mujeres en las listas al Congreso, y segundo, la Ley 1285 del 2006. En esa Ley logramos nosotras, entre otras cosas, que el delito de violación sexual se convirtiera en un delito investigable de oficio y no requiriera querella de parte”.

Fue viceministra de Comercio Exterior, ministra de Comercio Exterior y ministra de la Defensa, y ahora ocupa el segundo cargo más importante que tiene el poder ejecutivo en Colombia, junto al de Ministra de Relaciones Exteriores. La corrupción y la equidad han sido su bandera.

“Me siento muy satisfecha porque diseñamos una política pública que tiene reconocimiento internacional. En ambos campos diseñamos programas e instrumentos muy valiosos que ojalá tengan continuidad, pero lamentablemente no existe un presupuesto asignado a la Vicepresidencia, situación que dificulta el logro de resultados en el corto y mediano plazo, pues el equipo debe enfocarse también, no solo en la formulación de política pública, sino en la consecución de los recursos que las financien”, cuenta.

A días de terminar este gobierno confiesa a Forbes que, aunque ha recibido varias propuestas del sector público y privado, lo primero que hará será tomarse unos días de descanso con su familia.

Publicado en Forbes
https://bit.ly/3vUjo7E

La defensa de Colombia ha sido con el objetivo de defender nuestros intereses en el Mar Caribe

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de la República

El próximo 21 de abril la Corte Internacional de Justicia dará lectura al fallo de fondo en el marco de la demanda de Nicaragua contra Colombia, del 26 de noviembre de 2013. La Corte revisará la supuesta responsabilidad internacional de Colombia por la eventual violación de derechos y espacios marítimos de Nicaragua. De ninguna manera se trata de un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial.

La Corte examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional por las siguientes razones: no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012; las operaciones realizadas y la presencia de la Armada Nacional en el Mar Caribe; y la expedición del decreto que estableció la zona contigua integral en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además, en el ámbito de este proceso, Colombia sometió ante la Corte dos contrademandas según las cuales: (i) Nicaragua ha violado los derechos de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales; y (ii) ha violado el derecho internacional al expedir un decreto que fijó unas líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral, áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros Estados.

El presidente Iván Duque tomó la decisión de mantener la política de Estado que, frente a los asuntos con Nicaragua, se había definido de tiempo atrás.

Nuestra defensa se ha centrado en evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el Mar Caribe suroccidental. De manera concreta, esto se manifiesta en ratificar y defender la soberanía nacional en el archipiélago, su unidad e integridad; continuar adelantando las actividades de lucha contra los delitos transnacionales en esa zona; procurar la protección del medio ambiente marino (la Reserva Seaflower y el Área Marina Protegida); y defender los derechos de pesca tradicionales.

De manera separada, en el marco de otro proceso, también iniciado por Nicaragua en contra de Colombia en 2013, la Corte está examinando la reclamación nicaragüense para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental, que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas, y la plataforma continental de Colombia. En los próximos meses la Corte debe citar a las audiencias para este caso y emitir un fallo con posterioridad.

Los dos procesos en curso de Nicaragua contra Colombia ante la Corte ya estaban muy avanzados cuando comenzó el actual gobierno. El presidente Iván Duque tomó la decisión de mantener la política de Estado que, frente a los asuntos con Nicaragua, se había definido de tiempo atrás. Esto se manifestó principalmente en dos aspectos: por una parte, en relación con el primer proceso de Nicaragua contra Colombia ante la Corte, iniciado en 2001 y concluido con el fallo del 19 de noviembre de 2012, en donde se reiteró la posición colombiana, según la cual, dicho fallo, en cuanto modificó los límites marítimos, no es aplicable en el ámbito interno y su implementación requiere de un tratado con Nicaragua. Esta posición se desprende de nuestra Constitución Política y así fue ratificado por la Corte Constitucional.

Y por la otra, en relación con los dos procesos actualmente en curso, se ratificó al equipo que había sido designado por el gobierno anterior, conformado por el agente, el coagente, y los abogados internacionales especialistas en litigios ante la Corte. Además, se mantuvo y se fortaleció la participación del Equipo Raizal en la estrategia, que ha sido fundamental. La defensa de Colombia ha sido clara, enfática y coherente, y siempre con el objetivo de defender los más altos intereses de nuestra nación en el Mar Caribe.

Columna publicada en El Tiempo
https://bit.ly/3uYXeRe​

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Cuenta Rosario Marín, primera tesorera inmigrante de Estados Unidos y exalcaldesa de Huntington Park, que –a sus catorce años– habiendo migrado de México a ese país, tuvo que forjarse un camino a pulso, retador frente a los prejuicios machistas que han privilegiado la educación de los hombres frente a la de las mujeres y que han frustrado los anhelos de tantas niñas en el mundo. Con convicción, esfuerzo –y a veces llanto– construyó una historia de éxito e inscribió su nombre en un país que no era el suyo, pero que acogió su talento. Hoy sentencia con vehemencia: “No importa dónde empiezas, tú como la nata subes, pero te la tienes que creer”.

Rosario, cuyo testimonio nos conmovió hasta las lágrimas, fue una de nuestras invitadas de lujo en la IV edición del Foro M, que realizamos en Pereira el pasado 8 de marzo, con más de cuatro mil participantes en formato presencial y virtual. Con cada palabra nos recordó de qué estamos hechas las mujeres, pero también nos alentó a perseverar, hasta que ser mujer deje de ser sinónimo de sacrificios, de lágrimas y de un doble o triple esfuerzo para dar a conocer nuestras potencialidades.

De esta manera, concluimos uno de los ciclos más enriquecedores y fascinantes del trabajo que hemos realizado desde el inicio de nuestro gobierno, para que las mujeres sean parte de la toma de decisiones, líderes de la economía y la política, nos ayuden a tejer puentes de reconciliación y nunca más sufran la violencia machista arraigada por años.

La clave, para nosotros, ha sido fomentar la autonomía económica, como pilar de este andamiaje, y en ese sentido hemos movilizado recursos que permitan a las mujeres emprender e ingresar al mercado laboral. Por tanto, uno de los mensajes claves que quise dejar como reflexión en nuestro Foro M es la necesidad de trascender del discurso políticamente correcto de la equidad de género a la asignación de presupuesto.

En este contexto, anunciamos dos buenas noticias, alineadas con los múltiples programas de apoyo al emprendimiento que tenemos en marcha en las regiones. Con nuestro Fondo Mujer Emprende, y en una alianza con Innpulsa, brindaremos acompañamiento financiero y técnico a 24 emprendimientos de mujeres rurales y urbanas, con recursos por $ 2.500 millones, que permitirán a las beneficiarias mejorar sus capacidades productivas, comerciales e integrarse a cadenas de valor. También con Finagro, abrimos una línea especial de microcrédito que se inicia con $ 3.000 millones y se apalancará con $ 7.500 millones adicionales, para financiar emprendimientos de 2.500 mujeres rurales. ¡Queremos que este tipo de iniciativas se multipliquen e involucren más actores!

A estas buenas nuevas, se sumaron valiosísimas reflexiones, de cara al futuro, de más de 30 panelistas de distintos sectores. Bien lo dijo Gabriela Ramos, Subdirectora de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, “ya sea que las mujeres susurren, hablen o griten, asegurémonos de que sus voces sean escuchadas”. A su vez, Guadalupe Durán, gerente general de Mastercard Ecuador, dejó en firme una premisa: “La economía mundial se fortalece significativamente cuando hay equidad laboral de género”. Y así, coincidimos todas en que es inconcebible un mundo sin el liderazgo de las mujeres.

Este es un trabajo que no puede ni debe terminar con un gobierno. Por tanto, en este Foro M –que esperamos no sea el último– entregamos a todos los sectores sociales una semilla de esperanza que ya empieza a florecer. Hoy, toda Colombia tiene la responsabilidad de acogerla y regarla a diario para que fructifique, porque solo el día que podamos hablar de una verdadera equidad de género –cuando hombres y mujeres avancen a la par– lograremos el verdadero desarrollo. ¡He ahí nuestra causa!

Publicada en El Tiempo
https://bit.ly/3LdcShg

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

¡Llegó la hora de mirar de frente a los océanos, de aprovechar sus innumerables posibilidades y poner el foco en la sostenibilidad de nuestra invaluable riqueza marítima! Allí, en los mares yace nuestro futuro como humanidad, nuestra fuerza natural, el desarrollo de las comunidades ribereñas y nuestro potencial económico y comercial.

Por tanto, Colombia, como uno de los países bioceánicos del mundo, está liderando el debate y el análisis nacional y mundial para entender los océanos, no solo como un activo estratégico, sino también como un elemento fundamental para la prolongación de la vida.

Como país, hemos puesto el foco en la economía azul y nos hemos planteado la meta de convertir a Colombia en Potencia Biocéanica 2030, como quedó consagrado en el documento CONPES 3990, expedido durante nuestro Gobierno. Desde la Comisión Colombiana del Océano – CCO, que tengo el honor de liderar, hemos impulsado el desarrollo de la industria marítima, el turismo y la generación de empleo. En ese sentido, logramos la aprobación de la Ley de Abanderamiento, la certificación ‘Blue Flag’ en 4 playas, adelantamos la Expedición Seaflower Plus, 8 expediciones más y creamos la Red Colombiana de Semilleros, entre otras acciones que nos han permitido fortalecer cimientos para aprovechar nuestras dos enormes ventanas al mundo, pero también proteger nuestro patrimonio ambiental.

En el marco de este trabajo transversal que hemos adelantado, organizamos el Foro Internacional de Países Bioceánicos, que reunirá a autoridades marítimas del mundo y que se cumplirá el próximo 23 de marzo, en una de nuestras ciudades emblemáticas: Cartagena. En este espacio, compartiremos experiencias en desarrollo económico sostenible y uniremos esfuerzos para la protección y el aprovechamiento integral de nuestros recursos marino-costeros.

Entre nuestros invitados de lujo estarán Mathias Cormann, secretario General de la OCDE; Inger Angersen, directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA; Kitack Lim, secretario General de la Organización Marítima Internacional; César Landa, ministro de Relaciones Exteriores de Perú; entre otros.

Como humanidad, debemos entender que nos convoca un gran compromiso con el futuro, que debe comenzar por garantizar la preservación de la vida, en todas sus manifestaciones. Si somos capaces de aprovechar el potencial marino en ciencia, comercio, cultura y ecología, podremos no solo garantizar un mañana para los que nos preceden, sino también, que ese mañana llegue con nuevas posibilidades de crecimiento, empleo, progreso y justicia social.

Indudablemente, espacios como el Foro Bioceánico nos dan la oportunidad para tender puentes, avanzar en cooperación, hacer que nos conozcamos mejor como países oceánicos e identifiquemos de manera asertiva, los ejes estratégicos hacia nuestro propósito de un futuro azul para el planeta. ¡Hablar de los océanos es hablar de esperanza!

Publicada en El Universal
https://bit.ly/37TeJJN

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.

Hoy los colombianos cuentan con una ley emblemática, que empodera a los ciudadanos y a las entidades para acorralar a los corruptos; da herramientas para vigilar los recursos públicos, frenar carteles y carruseles de la ignominia y desmantelar la corrupción: principal arma de destrucción masiva de la confianza pública.

Acabar los contratos a dedo, tener un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, crear un fondo de reparación a víctimas, identificar beneficiarios reales de la contratación pública, evitar la confusión de recursos de diferentes contratos con el Estado, son algunas de las medidas para poner tatequieto a los ladronzuelos, que se lucran infamemente a costa del bienestar de un país.

La Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción (No 2195 de 2022), que sancionó el Presidente Duque el pasado 18 de enero, rompe esquemas y abre una cruzada en prevención, para que, desde los colegios, se instaure una cultura de legalidad e integridad. Desde ahora, los Proyectos Educativos Institucionales deben establecer, de forma transversal, competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público; habrá una cátedra de transparencia en las instituciones educativas y se creará la figura de contralores estudiantiles (ojalá también sea acogida por las universidades), para que se verifique el respeto por los bienes públicos y privados y se entienda la gravedad de “hacerle conejo” a Colombia.

Pero no sólo eso: también acabaremos el derroche a quienes, descaradamente, sacan tajada del presupuesto de la educación, en detrimento de la nutrición de los niños. Quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar –PAE– serán inhabilitados y tendrán que reparar a las víctimas, ya que también se crea un fondo con estos fines, para este tipo de casos de corrupción.

Teniendo en cuenta los regímenes de responsabilidad jurídica aplicables en Colombia, se dará un lugar central a los afectados por este delito y se permitirá la imposición de multas para mayor disuasión de las conductas corruptas e indemnizar a los afectados individuales y colectivos de actos de corrupción.

Así mismo, se pondrán en marcha distintos programas de transparencia con el sector privado, dando continuidad a un trabajo que hemos desarrollado con la Secretaría de Transparencia en estos más de tres años. Ello va a permitir, no sólo que se facilite el levantamiento del velo corporativo, sino también que haya un trabajo permanente en la cultura de legalidad que ha planteado el Presidente Duque.

Otra buena noticia es que podremos conocer los beneficiarios finales de las contrataciones. Las entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control, o que tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada tendrán acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), que será administrado por la DIAN.

Adicionalmente, aumentaremos controles dentro del Estado, con la creación de un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos.

Y quienes van por la vida, atentando contra los bienes públicos -mediante vandalismo, por ejemplo- asumirán ahora responsabilidad fiscal, literalmente, tendrán que pagar el daño ocasionado.

Hemos mostrado la voluntad del Estado, de una Nación, de decir no más a la opacidad, que ha sido el caldo de cultivo de una cantidad de privilegios, de silencios, que han facilitado la acción de los corruptos.

Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.

Publicada en El Heraldo
https://bit.ly/3HbZetc

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Uno de nuestros objetivos como Gobierno ha sido cortar de raíz esta “malicia” o “avivatez” y contrarrestarla con una cultura de la integridad y la legalidad

Son múltiples los desafíos que ha enfrentado Colombia a lo largo de la historia, y que han limitado el desarrollo y las oportunidades para todo un país. Uno de los más nocivos y destructivos ha sido, sin duda, la corrupción, que ha permeado todas las esferas sociales y ha menguado la confianza ciudadana en casi todas las instituciones.

En buena parte de nuestra sociedad, lamentablemente, ha hecho carrera “la viveza”, justificada con la sobrevivencia y con que el fin justifica los medios; el camino de lo “ventajoso”, aplaudido o al menos tolerado por la mayoría; la típica y detestable manía de saltarse la fila, no importa a quién nos llevemos por delante, y que denota una sociedad en la que el interés individual pisotea el general y el incumplimiento de las reglas es parte de las costumbres sociales. ¡Este es el inicio de la corrupción y deriva en comportamientos a mayor escala, que afectan a toda la Nación!

Por esta razón, uno de nuestros objetivos como Gobierno ha sido cortar de raíz esta “malicia” o “avivatez” y contrarrestarla con una cultura de la integridad y la legalidad. Siempre he creído que el trabajar enfocados en cerrar espacios a la corrupción mediante más transparencia, genera un círculo virtuoso de prevención, sin descuidar la sanción. Fue así como estructuramos hace varios años los elementos fundamentales del Proyecto de Ley que se enriqueció con los aportes de varias entidades de la Comisión de Moralización y la Secretaría de Transparencia, y es hoy la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción que pasa a sanción del presidente Iván Duque. Indiscutiblemente fue un acierto la presentación de un proyecto unificado con el concurso de 25 entidades entre estatales, del sector privado, la academia y la sociedad civil, que integran la Comisión de Moralización.

El texto del proyecto tiene tres grandes pilares: i) prevención y pedagogía ii) sanción, y iii) fortalecimiento institucional; agrupados en 11 capítulos y 69 artículos. También reúne iniciativas legislativas, que fueron archivadas, cumple con recomendaciones de organismos internacionales, ataca falencias legales y busca empoderar y dotar a las autoridades anticorrupción.

La iniciativa dispone programas de transparencia y ética pública y privada, que permitan tener esquemas de autorregulación y control de los riesgos de corrupción, con un alto componente de pedagogía. Así mismo, se institucionaliza la figura de los contralores estudiantiles que promuevan la rendición de cuentas, la participación democrática, la transparencia, y se insta a universidades y colegios a fomentar, de manera transversal, las habilidades necesarias para formar ciudadanos íntegros, que hagan control social.

También, se destaca la creación de un régimen sancionatorio a las empresas por la comisión de actos de corrupción por parte de sus representantes, directivos o funcionarios. ¡Y no sólo eso! Esta iniciativa conlleva la obligatoriedad de desarrollar actividades de debida diligencia para identificar a los beneficiarios finales, y dejar de lado las actitudes cómplices frente a la corrupción.

De ahora en adelante, servidores públicos y sector privado deben ser corresponsables de esta lucha. En los contratos estatales se deberá llevar una contabilidad transparente, clara e individualizada de cada proyecto a través de centros de costos. De igual manera, se consagra la posibilidad de que los jueces apliquen multas, destinadas a la reparación de las víctimas de actos de corrupción. Por último, trae más herramientas para reforzar la vigilancia e imponer sanciones a quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

El mensaje es claro: ¡No más tolerancia con la corrupción!, no más opacidad; los ciudadanos deben conocer en qué se invierten los recursos, qué se decide en el Estado y a quiénes benefician las decisiones. Estamos en la obligación de mejorar nuestra democracia desde adentro y de fortalecer la institucionalidad, reconociendo debilidades y fallas para lograr más confianza ciudadana y la mejor versión de Colombia: un país íntegro, transparente y decidido a cortar cualquier asomo de corrupción que quiera afectar nuestro desarrollo.

Publicada en La Opinión
https://bit.ly/33rHtXY

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de Colombia

Si pudiera resumir el 2021 en una palabra, sería “Solidaridad”. En este tercer año de gobierno, se presentaron innumerables retos, en el contexto de la pandemia, que desató una enorme crisis económica, cuyos vestigios aún permanecen. Esos vientos huracanados, también impactaron nuestra infraestructura, pero no lograron apagar los motores de cambio.

En medio de la adversidad, aprendimos la inmensa corresponsabilidad que tenemos como parte de una sociedad, en la que el actuar de unos, influye en el bienestar de los otros. Todos nos vimos obligados a cooperar, a cuidarnos a nosotros mismos, no sólo en beneficio individual, sino también para evitar una catástrofe colectiva de magnitudes superiores a la que vivimos.

Gracias al sentido de la solidaridad, hoy estamos pasando la página de uno de los capítulos más duros que nos ha tocado vivir como humanidad, logramos sortear las dificultades y comenzar de nuevo, reactivar la economía, y encender la maquinaria amarilla de uno de los sectores más protagónicos de esta recuperación productiva: la infraestructura, generadora de empleo por excelencia, de la mano del Compromiso por Colombia.

Hoy, después del remezón, soplan mejores vientos, que dan lugar al optimismo. En el sector transporte, nuestro gobierno está logrando una cartera histórica de 81 proyectos de interés nacional y estratégico, con una inversión total de $75 billones, que generan 1 millón de empleos. Actualmente, 54 de estos proyectos se encuentran en ejecución. ¡Y vamos por más! Para el 2022, del Presupuesto General de la Nación se tienen recursos de inversión en infraestructura de transporte de $ 10.3 billones de pesos, aproximadamente 3% más que en 2021.

Rescatamos el programa de autopistas 4G, logrando una ejecución del 58%, incremento notorio, teniendo en cuenta que en 2018 el avance era del 16%. De estos 29 proyectos, 27 se encuentran en fase de ejecución u operación y mantenimiento, y vamos a dejar inauguradas 20 de las 29 concesiones 4G, al final de nuestro gobierno, una de las apuestas más ambiciosas de la última década en Latinoamérica.

En obra pública, finalmente logramos adjudicar la construcción del Viaducto Km 58 Bogotá-Villavicencio, para dar una solución definitiva a los problemas que han atormentado por años el transporte de carga al Llano y la Orinoquía. De esta manera, estamos saldando deudas históricas.

Esta obra hace parte de la Conexión Pacífico-Orinoquía, corredor estratégico que comunicará el puerto de Buenaventura con la mayor despensa agroalimentaria del país, la cual concentra el 23% del PIB nacional y beneficiará a más de 13 millones de habitantes. De este corredor, logramos iniciar actividades de obra y mantenimiento en los sectores Puente Arimena-Viento y Juriepe Puerto-Carreño.

Hay que decir que, además, le apostamos a la multimodalidad, con la apertura de licitaciones de la primera ola de quinta generación de concesiones (5G), con 14 proyectos que lograrán la conexión eficiente entre los centros urbanos y generadores de carga, puertos fluviales y marítimos, centros logísticos y aeropuertos. La coyuntura mundial exige infraestructura social, resiliente y sostenible, y los proyectos 5G son un vehículo que aumentará las capacidades del país en materia logística y competitiva, de forma eficiente y productiva.

Nuestra prioridad es la gente en todos los rincones de Colombia; por eso, dispusimos una inversión sin precedentes para la intervención de vías terciarias prioritarias, que conectan nuestras veredas y corregimientos con los centros urbanos, con una cifra que asciende a $ 5.6 billones (entre recursos del PGN y las regalías regionales, departamentales y municipales). ¡Resulta imperativo apoyar la economía rural y garantizar a los campesinos el transporte de sus cosechas! Anteriormente, los presupuestos anuales para la red terciaria de todo el país apenas alcanzaban los $ 4.000 millones.

A su vez, el desarrollo de la infraestructura de transporte ha estado acompañado del mejoramiento del entorno en el que se desarrollan estos proyectos. En este sentido, se ha avanzado en los componentes de fortalecimiento institucional, fuentes de pago y financiación, ajustes al marco normativo, y logística; siguiendo la hoja de ruta planteada por el Plan Maestro de Transporte Intermodal y las recomendaciones de nuestra Comisión de expertos 2019, de la OCDE y del Consejo Privado de Competitividad, de las cuales se han implementado más de 80 acciones estratégicas mediante la Comisión Intersectorial de Infraestructura de Transporte.

Vale resaltar, además, que hemos avanzado en la consecución de nuevas fuentes de pago y financiacion para nuestros proyectos de infraestructura con la titularización de 25 peajes del INVÍAS, la cual finalizará su estructuración este año, y con la que esperamos recaudar $1.6 billones de pesos para el mejoramiento de corredores estratégicos. Así mismo, está ad portas de iniciar el proceso de licitación del Canal el Dique, que es un piloto de mecanismos de agregación de fuentes de pago.

En octubre, pusimos en marcha la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), entidad creada para planear el desarrollo a largo plazo de la infraestructura, que garantizará la sostenibilidad financiera, social y ambiental de los proyectos. Dentro de la hoja de ruta, está el Plan Maestro de Transporte Intermodal que se encuentra en proceso de contratacion para su actualización. Con ello, estamos logrando una política integral de infraestructura de transporte de Estado, no solo de gobierno.

Hemos marcado hitos muy importantes para nuestra infraestructura este año, como el lanzamiento del Observatorio Nacional de Logística, Transporte, Minas y Energía, con el cual se pone a disposición del público la información, a través de una herramienta estratégica y de transparencia para la toma de decisiones y planeación de política pública.

Logramos modificar la reglamentación de Asociaciones Público-Privadas, que permite alinear la distribución de riesgos, corregir estimaciones de costos y conservar un equilibrio entre incentivos y competencia que estimulan la participación del sector privado. Hoy en día, según el Banco Mundial e Infrascope, Colombia es referente mundial y líder en Latinoamérica en la aplicación de mecanismos de APP.

Soñamos con ser un país conectado intermodalmente, reconocido por su infraestructura. Y que, a pesar de tener una complicada geografía, nuestras regiones se encuentren conectadas eficientemente, nuestros productos salgan a los puertos de manera ágil y con costos logísticos bajos.

Hasta el último día de este gobierno, honraremos el compromiso de conectar a Colombia, avanzar hacia el transporte intermodal y sostenible, y reactivar los corredores férreos para carga. ¡Este es nuestro legado para los colombianos!

Queremos dejar huellas imborrables en nuestras regiones, que ojalá se sigan atomizando en las zonas donde más urge la mano del Estado. Esperamos que los participantes de este XVIII Congreso de la CCI sean veedores de que nuestra política de Estado se mantenga como brújula hacia una Colombia cada vez más eficiente.

Publicada en Infraestructura & Desarrollo
https://bit.ly/3oq2iuQ

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de Colombia

¡La paz de Colombia tiene rostro de mujer! En los últimos tres años asumimos el reto de iniciar un proceso transformador de la sociedad colombiana, mediante la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al que le dimos alcances sociales y económicos, así como un enfoque incluyente que nos permita cerrar brechas históricas en materia de equidad.

En este camino ha sido fundamental el papel de la comunidad internacional, que ha destacado los avances del gobierno del presidente Iván Duque en esta materia y cuyos aportes nos impulsan a construir sobre lo construido para lograr que el cambio de las condiciones de vida de los colombianos sea irreversible.

La Política de Paz con Legalidad ha materializado resultados en más de 500 obligaciones consagradas en el Acuerdo, con una apuesta transversal en materia de equidad de género. Ello va de la mano con la Política de Equidad de Mujeres, que pusimos en marcha desde el inicio de este Gobierno y que hemos venido liderando desde la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

En el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, se establecieron 51 indicadores de género. Gracias al liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, hoy en día contamos con una metodología rigurosa de seguimiento a esos 51 indicadores que nos permite evaluar periódicamente el impacto en las mujeres y los avances técnicos de las entidades competentes.

A cinco años (24 de noviembre) de la firma del Acuerdo de Paz se encontró que el 57% de esos indicadores han sido finalizados o presentan avances significativos con una tendencia progresiva de crecimiento en el número de beneficiarias.

Las mujeres rurales han estado en el centro de la implementación del Acuerdo. En el punto de Reforma Rural Integral, 687 mil 386 mujeres rurales han accedido a la línea de créditos blandos; 25 mil 25 han sido cobijadas en el proceso de formalización de tierras. Además, a través de la estrategia Generación-E, se han formado cerca de 83 mil mujeres que representan más de la mitad de los beneficiarios.

En lo referente a la Solución al Problema de Drogas Ilícitas, hay que decir que 28 mil 130 familias con jefatura femenina han recibido pagos por asistencia alimentaria inmediata. Con respecto a las víctimas, se indemnizaron a 150 mil 236 mujeres con una inversión cercana a los $2.5 billones (pesos colombianos). Asimismo, hemos garantizado acompañamiento psicosocial a 60 mil 454 mujeres.

Otro aspecto a destacar es la promoción de la participación de las mujeres; este año fue especialmente importante el ejercicio de elecciones de las nuevas integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la paz. (…)

En esa misma línea, tras un proceso que contó con la participación de 200 mil personas, entre ellas 65 mil mujeres, se incluyeron 4 mil 606 iniciativas de género y mujer rural que corresponden al 32% del total de las iniciativas que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios que fueron más golpeados por la violencia en nuestro país.

Tenemos un desafío enorme por delante, pero también toda la voluntad política para que los avances ya tangibles de la Paz con Legalidad se consoliden y conviertan en referente para el mundo. Con el concurso de la comunidad internacional, aceleraremos esfuerzos en estos nueve meses para multiplicar los frutos de este trabajo sistemático que estamos realizando.

Nuestro compromiso como Gobierno es seguir sembrando con las mujeres rurales semillas robustas de proyectos escalables y rentables que les den autonomía económica, pues es la mejor manera de prevenir y enfrentar las distintas violencias contra la mujer. La inclusión, respeto y reconocimiento a la dignidad de las mujeres, constituyen base indispensable para lograr un país desarrollado y justo en el que todos construyamos la mejor versión de Colombia.

Publicada en El Universal – México
https://bit.ly/3E2Yjti

Publicada en El País España:
https://bit.ly/3DT1LXt