Por Marta Lucía Ramírez.
Vicepresidenta de la República

Cuenta una conocida fábula de Esopo, que los hijos de un labrador vivían en discordia, se peleaban por cualquier motivo, sin lograr acuerdos. Así que un día, el campesino los envió a buscar un manojo de varas, las amarró y los invitó a romperlas, cosa que ninguno pudo hacer. El hombre, finalmente, desamarró el manojo y, una a una, sus hijos las tomaron fácilmente. De esta manera, les enseñó que si permanecían unidos serían invencibles ante sus enemigos.

Esta historia nos recuerda el valor de la unidad, no solo ante problemas pequeños, sino aun en luchas grandes, como la que Colombia libra, desde hace años, contra la corrupción, uno de los enemigos más peligrosos que tiene el país. La sociedad civil, las entidades del Gobierno, los Entes de Control, la Rama Judicial -todos- debemos ser uno, para lograr ganarle la batalla a los corruptos y evitar ser quebrados como varas, ante el peso de este delito.

Desde la Comisión Nacional de Moralización, una instancia integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control, hemos venido trabajando unidos en el intercambio de información, en la adopción de estrategias para promover el control social y la participación ciudadana, así como en la gestión de leyes y políticas públicas, que nos permitan fortalecer la prevención y la sanción de actos de corrupción y el robustecimiento de la institucionalidad, con miras a  solucionar falencias legales, que están siendo aprovechadas por los corruptos.

Respondiendo a la máxima de articulación, promovimos, en el seno de esta instancia -con el concurso de 25 entidades del Estado- el Proyecto de Ley Unificado de lucha contra la Corrupción -PL 341 de 2020-, un trabajo en el que cada una de las entidades aportó la solución desde su competencia y conocimiento directo, sobre los temas que requieren una regulación urgente. La iniciativa ya hace trámite en el Congreso de la República, donde esperamos un apoyo decidido para enviar un mensaje robusto al país y poner en marcha un conjunto de acciones que nos permitan cortarle los tentáculos al pulpo de la corrupción.

Entre los temas más relevantes que incluye el Proyecto de Ley se encuentra la creación de medidas de protección a denunciantes, fundamental para fomentar las denuncias, pues las personas en ocasiones renuncian a visibilizar anomalías, por temor a retaliaciones. Según el barómetro Global de la Corrupción 2019, el 78% de las personas cree que sufrirá represalias si denuncia actos de corrupción.

Otro punto importante que introduce el articulado es la adopción de mecanismos que permitan establecer la responsabilidad de las personas jurídicas en los actos de corrupción que cometan sus representantes, pues en Colombia, con excepción de los actos de soborno trasnacional, las conductas corruptas no tienen un sistema sancionatorio para las personas jurídicas, ello abre espacio para la impunidad.

Actualmente, en nuestro país, los beneficiarios finales, esas personas naturales que controlan, poseen o manejan las estructuras societarias, resultan invisibles para las entidades de control, por tal razón, es muy difícil seguirles el trazo a los dineros del lavado de activos o de la corrupción. Crear mecanismos para detectar a los beneficiarios finales de la contratación, nos permitirá seguirles el trazo a los dineros utilizados en esos actos ilícitos.

Adicional a este proyecto de ley, hemos fortalecido el marco normativo en la lucha contra la corrupción, mediante la expedición de leyes, actos administrativos y decretos que refuerzan temas como los contratos tipo, el cuidado a los recursos del PAE y el control fiscal.

En las regiones, estamos reforzando la cultura de la integridad mediante la firma de 200 Pactos por la Transparencia con entidades del sector público, entre alcaldías y gobernaciones, en aras de blindar los procesos contractuales. Este ejercicio lo estamos replicando también en el sector privado, ya hemos firmado Pactos con más de 37.000 empresas.

La tarea la hemos reforzado con el Portal Anticorrupción de Colombia -PACO-, que desarrollamos para generar alertas tempranas, a partir de la analítica de datos. Así mismo, activamos la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA- como un mecanismo para interactuar con los ciudadanos y garantizar la denuncia segura.

Estoy convencida de que, para emprender una lucha efectiva contra la corrupción, es indispensable y urgente que sigamos actuando articulados, como Gobierno, como sociedad y como país. Necesitamos encender las luces en todos los entornos, poner al descubierto cualquier irregularidad que nos permita evitar el desangre de los recursos públicos, cualquiera sea el papel que tengamos en nuestro diario vivir. ¡La lucha anticorrupción no da espera, y para ganar este pulso, necesitamos unirnos como un manojo fuerte e indestructible!

Publicada en el periódico El Jurista
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