Paz Archives - Marta Lucía Ramírez

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de Colombia

¡La paz de Colombia tiene rostro de mujer! En los últimos tres años asumimos el reto de iniciar un proceso transformador de la sociedad colombiana, mediante la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al que le dimos alcances sociales y económicos, así como un enfoque incluyente que nos permita cerrar brechas históricas en materia de equidad.

En este camino ha sido fundamental el papel de la comunidad internacional, que ha destacado los avances del gobierno del presidente Iván Duque en esta materia y cuyos aportes nos impulsan a construir sobre lo construido para lograr que el cambio de las condiciones de vida de los colombianos sea irreversible.

La Política de Paz con Legalidad ha materializado resultados en más de 500 obligaciones consagradas en el Acuerdo, con una apuesta transversal en materia de equidad de género. Ello va de la mano con la Política de Equidad de Mujeres, que pusimos en marcha desde el inicio de este Gobierno y que hemos venido liderando desde la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

En el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, se establecieron 51 indicadores de género. Gracias al liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, hoy en día contamos con una metodología rigurosa de seguimiento a esos 51 indicadores que nos permite evaluar periódicamente el impacto en las mujeres y los avances técnicos de las entidades competentes.

A cinco años (24 de noviembre) de la firma del Acuerdo de Paz se encontró que el 57% de esos indicadores han sido finalizados o presentan avances significativos con una tendencia progresiva de crecimiento en el número de beneficiarias.

Las mujeres rurales han estado en el centro de la implementación del Acuerdo. En el punto de Reforma Rural Integral, 687 mil 386 mujeres rurales han accedido a la línea de créditos blandos; 25 mil 25 han sido cobijadas en el proceso de formalización de tierras. Además, a través de la estrategia Generación-E, se han formado cerca de 83 mil mujeres que representan más de la mitad de los beneficiarios.

En lo referente a la Solución al Problema de Drogas Ilícitas, hay que decir que 28 mil 130 familias con jefatura femenina han recibido pagos por asistencia alimentaria inmediata. Con respecto a las víctimas, se indemnizaron a 150 mil 236 mujeres con una inversión cercana a los $2.5 billones (pesos colombianos). Asimismo, hemos garantizado acompañamiento psicosocial a 60 mil 454 mujeres.

Otro aspecto a destacar es la promoción de la participación de las mujeres; este año fue especialmente importante el ejercicio de elecciones de las nuevas integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la paz. (…)

En esa misma línea, tras un proceso que contó con la participación de 200 mil personas, entre ellas 65 mil mujeres, se incluyeron 4 mil 606 iniciativas de género y mujer rural que corresponden al 32% del total de las iniciativas que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios que fueron más golpeados por la violencia en nuestro país.

Tenemos un desafío enorme por delante, pero también toda la voluntad política para que los avances ya tangibles de la Paz con Legalidad se consoliden y conviertan en referente para el mundo. Con el concurso de la comunidad internacional, aceleraremos esfuerzos en estos nueve meses para multiplicar los frutos de este trabajo sistemático que estamos realizando.

Nuestro compromiso como Gobierno es seguir sembrando con las mujeres rurales semillas robustas de proyectos escalables y rentables que les den autonomía económica, pues es la mejor manera de prevenir y enfrentar las distintas violencias contra la mujer. La inclusión, respeto y reconocimiento a la dignidad de las mujeres, constituyen base indispensable para lograr un país desarrollado y justo en el que todos construyamos la mejor versión de Colombia.

Publicada en El Universal – México
https://bit.ly/3E2Yjti

Publicada en El País España:
https://bit.ly/3DT1LXt

Debemos reflexionar sobre la mejor manera de encontrar consensos en nuestra sociedad.

Por: Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de la República

Está bien tener el espacio abierto a la protesta social, pero un país en paro intermitente no es viable y conduce al empobrecimiento, la inestabilidad y al malestar social. Necesitamos crecer, generar empleos, abastecer las ciudades, seguir construyendo infraestructura y vivienda para que haya desarrollo y lo más importante: para que haya paz social.

Vivimos días muy difíciles para Colombia, y los augurios son inciertos. No obstante los esfuerzos gubernamentales para mitigar el impacto de la pandemia y acelerar la vacunación, muchos colombianos han salido a manifestarse por diferentes problemáticas y frustraciones que comparto, algunas de ellas acentuadas a raíz de la crisis sanitaria.

Evidentemente, la falta de empleos para nuestros jóvenes y mujeres, la pobreza, la corrupción en nuestra sociedad, la inseguridad en las calles, la falta de reconocimiento hacia el valor que tiene cada persona por el solo hecho de existir, el temor a contagiarse, los negocios a los que aún no dejan operar a plena capacidad, las mercancías bloqueadas en puertos y carreteras generan desasosiego, frustración y rabia.

Afortunadamente, el primer trimestre, después de nueve meses de caídas, la economía creció 1,1 por ciento, por encima del pronóstico y, de nuevo, por encima de varios países. El destacado desempeño de la industria y la construcción lo hizo posible. La confianza del consumidor y de las empresas llegó a niveles récord, y casi todos los sectores mejoraron. Recuperamos empleos y bienestar a un ritmo sin precedentes.

Ahora, el vandalismo, toques de queda y bloqueos en el marco de los paros, significarán otra caída. Según el Ministerio de Hacienda, el paro cuesta 480.000 millones de pesos por día, suma suficiente para subsidiar la vivienda a 24.000 familias, o construir 2.500 kilómetros de vías terciarias cada día. Esta situación perjudica injustamente a consumidores, empresas y al pueblo colombiano.

Los derechos individuales a la protesta y a disentir son sagrados, pero también lo es el derecho a trabajar para que las familias progresen y se generen más oportunidades de empleo. ¿Quién ha dicho que tiene derecho a vulnerar la garantía de movilización de alimentos, medicamentos e insumos necesarios para todos? El derecho principal es el bien común, el de todos nuestros conciudadanos, quienes pagan con creces los costos del paro y el vandalismo.

Desde la solidaridad y compasión, debemos entre todos velar por el bienestar de la nación y decir: “El país en modo paro” nos está perjudicando a todos.

Debemos reflexionar sobre la mejor manera de encontrar consensos en nuestra sociedad. Discutir de cara a la ciudadanía cualquier proyecto sin caer en la destrucción que ahonda la grieta social y afecta el patrimonio de todos. Ejercer la protesta es un derecho, pero es obligación hacerlo cuidando el patrimonio público, el empleo y el bienestar de los colombianos. Es un deber del Estado brindarnos garantías en el ejercicio de nuestros derechos a todos y garantizar el orden en nuestra sociedad, pero esto nos convoca a todos, sin excepción, a poner nuestro grano de arena. ¿A quién está beneficiando este caos? ¿Qué sigue en su libreto?

El crecimiento registrado y el mayor empleo nos indican que es hora de levantarnos para trabajar todos otra vez, sin más confinamientos ni bloqueos, e impedir que los promotores del odio nos dividan. Debemos, de nuevo, re-unir a Colombia y lograr la paz social.

Publicada en El Tiempo
https://bit.ly/3ytYvzt