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Transparencia

Hojeada

¡Nuestras Fuerzas Militares son los guardianes del territorio nacional, pero también cierran filas –junto con todos los colombianos– para ser los guardianes de lo público! Hoy, cuentan con más y mejores herramientas para detectar y prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción; y para desarrollar un ambiente ético basado en buenas prácticas, que las ponen a la vanguardia y las posicionan como referente en el ámbito internacional.

El Ejército, por ejemplo, es una institución que está cerca de los colombianos y que ha trabajado arduamente para ser parte de la alianza contra la corrupción de la que habla nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad”.

Y es que la corrupción es un fenómeno que nos ha robado muchos sueños, profundizando la desconfianza ciudadana y limitando la senda de crecimiento y desarrollo que nos merecemos como nación. Por tanto, el concurso de todas nuestras instituciones es vital para lograr la sociedad justa, honesta y transparente que deseamos todos los colombianos.

Según la más reciente edición de la Encuesta de Cultura Política del DANE, las Fuerzas Militares –de las cuales hace parte el Ejército Nacional– está entre las instituciones que gozan de mayor confianza por parte de los ciudadanos. Este reconocimiento significa un gran reto y un llamado a continuar redoblando todos los esfuerzos institucionales que se han hecho en la materia.

Ejemplo de la importante labor que se ha hecho al interior de nuestras Fuerzas, es la puesta en marcha de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional (DANTE) y la adopción del Código de Ética Institucional, que ha establecido una excelente hoja de ruta orientada a la transparencia. Allí reposa una premisa clara: “ser ético es no realizar actividades que comprometan el buen nombre de la institución que se representa, ser íntegro es no caer en tentaciones que lleven a prácticas corruptas y ser transparente es seguir las reglas y comportarse con total claridad”.

Todos estos esfuerzos se verán reforzados con los importantes avances normativos y de política pública que se han obtenido con el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, tales como: i) La Ley 2195 de 2022 de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción; ii) el CONPES 4070 de 2021 que establece Lineamientos para la implementación de un modelo de Estado Abierto en Colombia; iii) el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO); iv) el Índice Nacional Anticorrupción (INAC); v) la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA); y, vi) la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades Anticorrupción.

Nuestro anhelo, como Gobierno, es dejar unos cimientos sólidos que nos permitan fortalecer una cultura de la transparencia, la prevención y la integridad, ¡y qué gratificante es ver a más y más actores sumándose decididamente a este propósito! Nuestras Fuerzas Militares, hoy, no sólo nos hacen sentir orgullosos por su compromiso con la seguridad nacional, sino también por su ejemplo de continuo mejoramiento, por su objetivo de seguir sumando a la construcción de un país con cero tolerancia a la corrupción, donde todos tengamos oportunidades para abonar los sueños.

Columna publicada en la Revista DANTE
https://bit.ly/36VZoIk

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller

Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.

Hoy los colombianos cuentan con una ley emblemática, que empodera a los ciudadanos y a las entidades para acorralar a los corruptos; da herramientas para vigilar los recursos públicos, frenar carteles y carruseles de la ignominia y desmantelar la corrupción: principal arma de destrucción masiva de la confianza pública.

Acabar los contratos a dedo, tener un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, crear un fondo de reparación a víctimas, identificar beneficiarios reales de la contratación pública, evitar la confusión de recursos de diferentes contratos con el Estado, son algunas de las medidas para poner tatequieto a los ladronzuelos, que se lucran infamemente a costa del bienestar de un país.

La Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción (No 2195 de 2022), que sancionó el Presidente Duque el pasado 18 de enero, rompe esquemas y abre una cruzada en prevención, para que, desde los colegios, se instaure una cultura de legalidad e integridad. Desde ahora, los Proyectos Educativos Institucionales deben establecer, de forma transversal, competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público; habrá una cátedra de transparencia en las instituciones educativas y se creará la figura de contralores estudiantiles (ojalá también sea acogida por las universidades), para que se verifique el respeto por los bienes públicos y privados y se entienda la gravedad de “hacerle conejo” a Colombia.

Pero no sólo eso: también acabaremos el derroche a quienes, descaradamente, sacan tajada del presupuesto de la educación, en detrimento de la nutrición de los niños. Quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar –PAE– serán inhabilitados y tendrán que reparar a las víctimas, ya que también se crea un fondo con estos fines, para este tipo de casos de corrupción.

Teniendo en cuenta los regímenes de responsabilidad jurídica aplicables en Colombia, se dará un lugar central a los afectados por este delito y se permitirá la imposición de multas para mayor disuasión de las conductas corruptas e indemnizar a los afectados individuales y colectivos de actos de corrupción.

Así mismo, se pondrán en marcha distintos programas de transparencia con el sector privado, dando continuidad a un trabajo que hemos desarrollado con la Secretaría de Transparencia en estos más de tres años. Ello va a permitir, no sólo que se facilite el levantamiento del velo corporativo, sino también que haya un trabajo permanente en la cultura de legalidad que ha planteado el Presidente Duque.

Otra buena noticia es que podremos conocer los beneficiarios finales de las contrataciones. Las entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control, o que tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada tendrán acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), que será administrado por la DIAN.

Adicionalmente, aumentaremos controles dentro del Estado, con la creación de un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos.

Y quienes van por la vida, atentando contra los bienes públicos -mediante vandalismo, por ejemplo- asumirán ahora responsabilidad fiscal, literalmente, tendrán que pagar el daño ocasionado.

Hemos mostrado la voluntad del Estado, de una Nación, de decir no más a la opacidad, que ha sido el caldo de cultivo de una cantidad de privilegios, de silencios, que han facilitado la acción de los corruptos.

Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.

Publicada en El Heraldo
https://bit.ly/3HbZetc

Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de Colombia

Uno de los pilares del Gobierno Nacional es la trasparencia, por lo que nos hemos dado a la tarea de fortalecer el marco normativo de la lucha contra la corrupción, promoviendo una cultura de integridad y legalidad, mediante la articulación interinstitucional, para ser más efectivos en la prevención y vigilancia de los recursos públicos.

Entendiendo que la lucha contra la corrupción es un asunto de corresponsabilidad, en la que intervienen el sector público y privado, organismos de control y la sociedad civil organizada, cada uno desde sus capacidades y competencias, adelantamos acciones transversales para debilitar el actuar de los corruptos y fortalecer la capacidad institucional de control, seguimiento, investigación y sanción.

Desde la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, durante los últimos tres años, hemos puesto a disposición herramientas tecnológicas para incentivar la participación ciudadana, clave en el ejercicio de control y en la lucha contra la corrupción.

Pusimos en marcha el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), que permite a los ciudadanos tener información en lenguaje claro, sobre los contratos que se ejecutan en las regiones; en promedio, diariamente, cerca de 515 personas hacen consultas en este aplicativo. Se trata de un mecanismo que permite generar alertas tempranas y presentar denuncias y reportes que considere la ciudadanía. A la fecha, cuenta con 700 millones de datos y 170.000 ingresos o consultas.

A ello se suma el Índice Nacional Anticorrupción (INAC), que busca fortalecer la prevención de este delito y mejorar la relación con los ciudadanos. En este, se integran mediciones de diversas entidades del Estado en materia de desempeño institucional, rendición de cuentas, contratación, gestión de riesgos de corrupción, presupuesto público, entre otros. A la fecha, se han evaluado 83 entidades del ejecutivo nacional, las 32 gobernaciones, 32 alcaldías y los 170 municipios PDET. De esta manera, logramos tener una radiografía clara de las debilidades institucionales, realizar transferencia de conocimiento y orientar los esfuerzos de forma más asertiva.

También tenemos en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), conformada por entidades nacionales y territoriales, que ofrece canales de participación para la vigilancia, que cuenta con 254 Oficiales de Transparencia, sumando 143 entidades del orden Nacional y 111 territorial, cuyo objetivo es incluir en la agenda de las entidades la importancia de la prevención de la corrupción, la integridad y la transparencia. A su vez, incentivar los canales de denuncia seguros y confiables, y promover buenas prácticas en transparencia, legalidad y anticorrupción.

Con estas y otras herramientas, lograremos nuestra meta de una ciudadanía más influyente, más participativa, más comprometida con el control de los recursos públicos. Nuestros esfuerzos están enfocados en mejorar la relación Estado-ciudadano, en aras de recuperar la confianza en las instituciones con resultados concretos, porque indudablemente, luchar contra la corrupción es una tarea diaria que apela a la corresponsabilidad que tenemos como colombianos.

Publicada en Revista Grandes de Colombia
https://bit.ly/3IpoLQE